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MCCI acusa a Pemex de reportar solo 13% del valor de envíos a Cuba en 2025. Gobierno defiende legalidad. Geopolítica y reputación entran al tablero en 2026.
La polémica por los envíos de crudo y refinados a Cuba entró en fase 2: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió que Petróleos Mexicanos declaró ante autoridades de Estados Unidos 400 millones de dólares en exportaciones durante enero–septiembre de 2025, mientras que los registros de aduanas mexicanas superarían 3,048 millones de dólares para el mismo periodo. La brecha—interpretada por MCCI como un subreporte de 87%—reaviva cuestionamientos sobre transparencia, precios y riesgo reputacional para la empresa del Estado y para el Gobierno, que ha defendido la legalidad y la continuidad histórica de las ventas a La Habana.
El documento citado por MCCI, referido a lo reportado a la SEC, incluye además un desglose de volúmenes promedio: 17,200 barriles diarios de crudo y 2,000 barriles diarios de productos hacia Cuba en los primeros nueve meses de 2025. Aun si la magnitud es pequeña frente al total exportado por México, el tema escaló en medios y en el Congreso por el contexto geopolítico: la isla enfrenta apagones severos, y Washington ha apretado tuercas a los suministros que llegaban desde Venezuela. Que México aparezca como proveedor relevante a partir de 2025 se lee, en algunos foros, como una señal política además de comercial.
Para Pemex, el ángulo empresarial es tan importante como el político: ¿cuáles son los términos de venta, precio de realización, condiciones de pago y aseguramiento de cobro? Si las condiciones son equivalentes a las del mercado del Golfo, la crítica pierde filo; si hay descuentos, financiamientos o costos logísticos que erosionen el margen, el caso pasa de mediático a financiero. Además, en un año en que la empresa enfrenta retos operativos en la refinación y presión por flujo e inversiones, cada decisión comercial será sometida a escrutinio.
El Gobierno, por su parte, enfatiza que no hay ilegalidad ni alteración de prioridades internas. Pero el riesgo no es solo jurídico: también está el de percepción—ya sea entre inversionistas de deuda de Pemex, o entre socios/contrapartes que podrían ver a la petrolera como actor en una zona gris—, todo esto a meses de la revisión del TMEC. En la práctica, la narrativa oficial necesitará datos verificables (volúmenes, precios, pagos) para depender menos de la retórica y más de la contabilidad.
El frente internacional complica las lecturas lineales. Si el flujo venezolano se mantiene restringido, la demanda cubana seguirá buscando barriles alternativos—y cada cargamento mexicano encenderá titulares en Washington. Si, en cambio, se normalizan otros suministros, México podría diluir protagonismo y bajar el costo político. En cualquier escenario, conviene separar hecho de opinión: el dato que motiva el debate (400 mdd reportados a la SEC vs. >3,048 mdd en aduanas) debe explicarse por parte de Pemex con metodología y notas a pie: definiciones de “ventas”, criterios contables y clasificaciones. Solo así la conversación podrá pasar del “¿ocultan algo?” al “¿cómo reportan y por qué?”.
