El envío de crudo mexicano a Cuba escala políticamente. Datos recientes sitúan promedios de 2025, mientras Sheinbaum defiende legalidad y continuidad. Washington sube presión tras cortar petróleo venezolano.
La discusión sobre los envíos de petróleo de México a Cuba pasó del rumor al tablero político. En la última semana, la polémica creció en medios y círculos legislativos: la Presidencia defendió que los embarques se realizan dentro del marco legal y “sin superar niveles históricos”, mientras voces de oposición pidieron transparencia sobre volúmenes, condiciones y costo de oportunidad para Pemex. El tema dejó de ser estrictamente técnico por un factor externo: la interrupción del flujo venezolano a la isla, tras nuevas acciones de Washington que cortaron ese suministro, obligando a La Habana a buscar barriles alternativos.
Los datos duros más recientes provienen de un reporte de Pemex remitido a Estados Unidos: entre enero y septiembre de 2025, México envió a Cuba 19,200 barriles diarios en promedio —17,200 b/d de crudo y 2,000 b/d de productos refinados—, según un recuento difundido el 7 de enero. Es un volumen modesto relativo a la exportación total mexicana, pero políticamente sensible: llega en un momento en que la isla enfrenta apagones severos y el Gobierno de EE. UU. ha colocado bajo la lupa cualquier proveedor de La Habana.
¿Por qué importa en México?
Primero, por finanzas públicas: cada barril exportado a un destino políticamente expuesto puede arrastrar riesgos reputacionales y eventualmente comerciales, justo cuando Hacienda busca estabilidad para equilibrar el presupuesto 2026.
Segundo, por Pemex: la empresa navega un año de operación delicada en refinación y con compromisos de volumen hacia el mercado doméstico; cualquier desvío o prioridad de envío debe explicarse con rentabilidad y oportunidad.
Tercero, por geopolítica: si bien México sostiene una política exterior soberana, el contexto de revisión del TMEC en 2026 y la tensión en el Golfo/Caribe elevan el costo de los malentendidos.
La defensa del Gobierno apunta a tres líneas: (1) continuidad histórica de la relación con Cuba; (2) marco legal vigente para exportaciones de crudo y productos; y (3) niveles de envío que, asegura, no rompen techos previos. En paralelo, medios internacionales describen una isla que, tras el corte venezolano, ve empeorar su crisis energética. México no es —ni puede ser— la solución total del déficit cubano, pero sus cargamentos adquieren significado político y mediático desproporcionado al volumen. Aquí el matiz importa: la discusión ya no es solo “si” se envía, sino “cuánto, por qué y cómo”.
Para Pemex, el ángulo empresarial exige claridad: ¿cuál es el precio y bajo qué términos? ¿Hay riesgos de cobro? ¿Qué oportunidad se deja de capturar en otros mercados del Golfo donde los diferenciales de Maya pueden ser más atractivos? Estos puntos son legítimos para inversionistas, proveedores y para la conversación pública. En el Congreso, la oposición empuja por comparecencias y informes; mientras, la Presidencia intentará mantener el caso en baja intensidad. Pero si el flujo venezolano permanece cerrado, cualquier variación mexicana —al alza o a la baja— volverá a detonar titulares.
Lo que viene: dos pruebas. La primera, de comunicación: el Gobierno deberá documentar que no hay subsidios encubiertos ni perjuicio al abasto interno.
La segunda, de coherencia: si la prioridad declarada es la autosuficiencia de combustibles, Pemex tendrá que demostrar que los compromisos externos no interfieren con su tarea local. Por ahora, el número guía es el promedio 19,200 b/d de 2025; cualquier cambio sustantivo en 2026 —hacia arriba o abajo— pedirá explicación y contexto. En un entorno donde política exterior y política energética se cruzan, los datos verificables serán la mejor defensa.
