En el Congreso GLP 2025, la diputada Rocío Abreu, secretaria de la Comisión de Energía, detalla la estrategia para el gas LP: regulación de precios, combate a distribuidores irregulares, mayor producción nacional de gas, ampliación de almacenamiento y defensa del “Hecho en México”.
En el marco del Congreso GLP 2025, el sector del gas LP reunió a reguladores, legisladores y empresarios para discutir el futuro de uno de los energéticos más sensibles para los hogares mexicanos. Desde la Cámara de Diputados, la diputada Rocío Abreu, secretaria de la Comisión de Energía, subraya que la prioridad es asegurar abasto, calidad y seguridad para los consumidores, al tiempo que se combate la informalidad y se impulsa la producción nacional de gas.
Abreu parte de una premisa clara: el gas LP es un energético básico en la vida diaria de millones de familias. Por ello, el gobierno federal ha buscado fortalecer el trabajo coordinado con cámaras y asociaciones como AMEXGAS. “Lo más importante es que este producto llegue a los ciudadanos, que podamos erradicar parte de la distribución hechiza”, afirma, al tiempo que señala el impacto del robo de gas, el producto de mala calidad y los abusos de precio fuera del mercado regulado.
La legisladora advierte que la seguridad del usuario empieza en aspectos tan cotidianos como la calidad de la flama en un hogar. “Algo muy sencillo que los ciudadanos a veces no conocemos es desde la distinción de una flama, desde cómo llega el gas a tu casa. La flama azul es la flama que calienta, que tiene los elementos necesarios… y una flama roja o amarilla quiere decir que es un gas degradado”, explica. Este tipo de prácticas, asociadas al gas adulterado o de procedencia irregular, impactan directamente en el bolsillo y la seguridad de las familias.
En el frente regulatorio, Abreu identifica tres ejes que hoy marcan la agenda: precio, distribución y seguridad. El control de precios ha sido tema de debate con el sector, pero la diputada insiste en la necesidad de un equilibrio. Por un lado, se busca evitar “disparar el tema del precio del gas al ciudadano”; por otro, impedir que una regulación mal diseñada expulse del mercado a las empresas formales y deje campo libre a distribuidores fuera de la ley, que operan sin protocolos de seguridad ni calidad.
Esa tensión se refleja sobre todo en las zonas más alejadas del país. Donde la logística es más costosa, las empresas reguladas pueden verse forzadas a retirarse si no hay condiciones de rentabilidad, lo que abre espacio a actores irregulares. El resultado puede ser paradójico: gas supuestamente más barato, pero sin competencia real, sin supervisión y, muchas veces, más caro en términos de calidad y seguridad. De ahí la importancia de ajustar el marco regulatorio con una visión territorial y social.
Otra preocupación central es la pobreza energética ligadas al gas LP. La diputada recuerda que millones de personas aún cocinan y se calientan con leña o carbón, con impactos negativos en salud y medio ambiente. Desde la óptica del presupuesto federal, Abreu destaca que se han protegido recursos para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de fortalecer la producción y la infraestructura necesaria para que más hogares tengan acceso a energéticos modernos y más limpios.
En esta línea, subraya el esfuerzo por reducir la dependencia de gas importado. La Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, y Pemex trabajan en contratos mixtos y esquemas que incentiven la extracción de gas en México, diferenciando fiscalmente entre crudo y gas. La reciente aprobación de 11 leyes energéticas, en las que “la presidenta escuchó a todos”, establece un marco donde el gravamen al gas es distinto al del crudo, con el fin de hacerlo más rentable y desalentar el venteo y la quema en campo, prácticas que significan literalmente “quemar dinero” y aumentar la dependencia de importaciones.
El tema de infraestructura de almacenamiento aparece como otro eslabón crítico. México requiere ampliar su capacidad de almacenamiento de gas para enfrentar mejor picos de demanda, interrupciones logísticas o choques internacionales de precios. Abreu señala que, tras el marco legal, se han publicado normas y reglamentos que abren espacio a nuevos proyectos de almacenamiento y logística, donde la participación privada será relevante bajo reglas claras y supervisadas.
En su mensaje al gremio, la diputada insiste en el papel de la Comisión de Energía como puente entre empresarios y autoridades. “Nuestra encomienda… es ser puentes, ser actores sobre las normativas… y lo más importante es que estamos impulsando el tema de Hecho en México”, señala. Esto implica apoyar la cadena completa del gas LP: desde la fabricación nacional de cilindros y equipos de seguridad, hasta la distribución formal y el desarrollo de proveedores locales.
La dimensión comercial internacional también entra en juego. De cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio, la legisladora subraya la importancia de escuchar la voz de los empresarios que invierten y producen en México. El objetivo es evitar condiciones desiguales frente a productos importados que no cumplan normas de seguridad, calidad o contenido nacional, y que puedan desplazar a empresas que sí cumplen con la regulación mexicana.
En el Congreso GLP 2025, el mensaje de Rocío Abreu al sector es de trabajo conjunto y comunicación constante. Como secretaria de la Comisión de Energía y con experiencia previa en el Senado, asegura que su puerta —y la de la Comisión— está abierta para seguir afinando la regulación, fortalecer la formalidad y dar voz a las preocupaciones del sector gasero, con el consumidor final siempre al centro de la discusión.
