SAT reportó 109 expedientes penales en 2025 por fraudes y contrabando; perjuicio estimado 22,843 millones. Foco en hidrocarburos y aduanas; suspensiones masivas del padrón importador.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de enero a septiembre de 2025, ha abierto 109 expedientes penales por presuntos fraudes y contrabando, con un perjuicio fiscal cercano a 22,843 millones de pesos. Además, la autoridad reportó verificaciones que derivaron en embargos y suspensiones de miles de contribuyentes del padrón de importadores. La ofensiva —que también alcanza al sector de hidrocarburos— ocurre en el marco del mayor escándalo reciente: el “huachicol fiscal”, es decir, el ingreso de combustibles bajo disfraces arancelarios para evadir el IEPS.
El SAT ha cancelado decenas de patentes de agentes aduanales y ha focalizado su lupa en sectores sensibles (incluyendo hidrocarburos), mientras coordina con Hacienda y la Agencia Nacional de Aduanas para impulsar cambios legales que cierren las grietas por donde se cuelan los aditivos y lubricantes que, en papel, no pagan IEPS pero que, en la práctica, pueden ocultar gasolinas o diésel. Los 22,843 millones estimados como daño al fisco dan la medida del desafío.
La trama operativa quedó retratada en investigaciones periodísticas: entre 2023 y 2024, buques como el Nord Supreme arribaron a Altamira/Tampico con cargamentos declarados como aditivos; el método habría implicado fracciones arancelarias que evitan el gravamen, documentación con inconsistencias y complacencias en controles portuarios. El caso detonó detenciones y exhibió la participación de funcionarios y empresarios, además de vínculos con mandos navales.
La extensión del fenómeno es nacional. Reportes ubican 21 aduanas en 13 estados bajo sospecha por el contrabando técnico: Tamaulipas como epicentro, pero también Veracruz, Tuxpan, Nuevo Laredo y Ensenada, entre otros puntos. La falta de trazabilidad y diferenciales fiscales alimentaron un mercado que distorsiona precios y asfixia a distribuidores que cumplen la ley. La prioridad ahora es cerrar las rutas, sanear padrones y judicializar los casos con evidencia robusta para que las carpetas no se caigan en tribunales.
En lo político, la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido cero impunidad y ha pedido a la FGR profundizar en las cadenas de responsabilidad del huachicol fiscal. La narrativa oficial subraya la coordinación interinstitucional y la necesidad de cooperación internacional para rastrear orígenes y rutas de los combustibles. La discusión legislativa sobre reformas aduaneras será el siguiente capítulo, con resistencias esperables de intereses que se beneficiaron del estatus quo.
Para el mercado, el golpe del SAT tiene efectos micro y macro. A nivel micro, depura competencia: al sacar del juego a importadores irregulares, se reduce el dumping que presiona precios minoristas y márgenes de las estaciones alineadas a la norma. A nivel macro, un aumento en la recaudación y en el control aduanero ayuda a la estabilidad fiscal sin recurrir a parches en otros impuestos; pero si la oferta ilegal desaparece de golpe, puede haber ruidos temporales en zonas donde ese flujo “informal” suplía huecos de logística. La administración confía en que la capacidad del sistema formal y las importaciones regulares cubrirán la demanda.
El desenlace dependerá de tres métricas: (1) cuántos de los 109 expedientes llegan a vinculación a proceso y sentencia; (2) cuánto dinero recupera el fisco por embargos y créditos; (3) si la caída en importaciones “disfrazadas” se refleja en menores brechas entre terminales y estaciones. El caso es un parteaguas: poner orden en aduanas es clave no solo para la legalidad, sino para la confianza en el mercado energético.
