Los ataques de piratas a plataformas de Pemex en el Golfo de México han generado un daño patrimonial grave. En un contexto de baja producción y finanzas frágiles, estos robos agravan la crisis operativa y reputacional de la empresa estatal.
Pemex, le llueve sobre mojado, no solo enfrenta una severa caída en su producción de hidrocarburos ni arrastra una deuda superior a los 98 mil millones de dólares: también está siendo desmantelado, pieza por pieza, en altamar. La piratería moderna en el Golfo de México ha evolucionado de un problema marginal a un daño patrimonial sistemático, que golpea directamente la operación, la seguridad y las finanzas de la empresa productiva del Estado.
Entre 2022 y 2025 se han reportado al menos ocho ataques importantes a plataformas petroleras de Pemex, aunque fuentes internas reconocen que los eventos menores podrían contarse por centenas. La magnitud de los robos varía: desde herramientas y cableado hasta bombas hidráulicas y sistemas críticos de seguridad. En conjunto, se estima que solo entre 2018 y 2024, Pemex perdió más de 400 millones de pesos por estos asaltos, y el daño acumulado desde 2006 ronda los 1,790 millones. Pero el verdadero impacto va más allá del monto: son pérdidas que llegan cuando la empresa menos puede tolerarlas.
Hoy Pemex produce menos, gana menos y depende más que nunca del presupuesto público. Cada peso invertido en seguridad, reposición de equipos o paros de producción por incidentes es un peso que no se destina a exploración o mantenimiento. ¿Cómo puede una empresa con indicadores financieros frágiles sobrevivir si cada mes debe enfrentar saqueos impunes?
La operación de plataformas como Ku-H, Akal-R, Balam-TD o Xanab-D está siendo saboteada por comandos armados que atacan en plena madrugada, operando con precisión, rapidez e incluso presunta información interna. Su modus operandi ya está documentado: llegan en lanchas, escalan con garfios, someten al personal, roban lo más valioso y huyen en minutos. Lo alarmante es que, pese al esfuerzo de la Secretaría de Marina, los resultados han sido inconsistentes y la impunidad es la norma.
En términos estratégicos, cada ataque expone las vulnerabilidades de la infraestructura energética nacional. Las plataformas del Golfo no solo extraen hidrocarburos, son activos críticos que sostienen parte de la economía del país. Su fragilidad —técnica, financiera y de seguridad— debe ser atendida con urgencia. Hoy Pemex no tiene margen para seguir absorbiendo pérdidas sin que eso repercuta en su viabilidad futura.
Las pérdidas por piratería también tienen un costo invisible: la desconfianza. Inversionistas, operadores privados y aliados internacionales observan con preocupación que una empresa como Pemex no pueda proteger sus activos clave. Si no se detiene esta ola de robos, la reputación de México como destino energético seguro seguirá deteriorándose.
El daño patrimonial a Pemex es real, profundo y progresivo. Urge una respuesta contundente: más tecnología, mayor inteligencia operativa, colaboración con actores privados y, sobre todo, voluntad política. Porque el desmantelamiento de Pemex no solo ocurre en los balances financieros. También ocurre en la oscuridad del Golfo, cada noche, cuando el Estado pierde el control de sus plataformas ante grupos armados. Y eso, en una empresa en crisis, puede marcar la diferencia entre resistir o colapsar.
