La falta de pago a proveedores, el deterioro financiero del negocio de refinación y un poder judicial subordinado al Ejecutivo generan desconfianza entre inversionistas. Moody’s advierte que, pese a nuevas reformas, el entorno legal e institucional complica atraer capital privado.
Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal que durante décadas simbolizó el orgullo energético nacional, enfrenta hoy un escenario alarmante que pone en duda su viabilidad como actor confiable para inversionistas. Y no es solo su nivel de deuda lo que preocupa; es la combinación de riesgos financieros, legales e institucionales lo que enciende las alertas más serias en los mercados internacionales. Y que nos guste o no, evitará que capital privado quiera participar en su rescate.
El más reciente informe de Moody’s, titulado “El apoyo a emisores relacionados con el gobierno refleja diversas políticas adoptadas por los países”, no solo documenta el deterioro operativo de Pemex, sino que también advierte sobre las crecientes “red flags” que detectan los inversionistas cuando se trata de asociarse con la petrolera mexicana.
Aunque la reforma energética impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum promueve esquemas de “desarrollo mixto” que buscan incorporar capital privado en proyectos de exploración y producción, el gran obstáculo estructural permanece: la refinación.
Moody’s señala que este segmento continúa generando pérdidas operativas constantes, y su capacidad para financiar nuevos proyectos de manera independiente está severamente limitada. El caso más claro se observó en el primer trimestre de 2025, cuando Pemex registró una pérdida neta de 43.3 mil millones de pesos, en gran medida derivada del mal desempeño del Sistema Nacional de Refinación, cuyas plantas procesaron 93 mil barriles diarios menos que en 2024.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ya había advertido sobre la inviabilidad del modelo actual de refinación, señalando que incluso con mayores inversiones, el retorno es bajo y los costos de mantenimiento y operación son elevados.
Más allá de lo operativo, el informe de Moody’s pone énfasis en algo más preocupante: el entorno legal e institucional. Aunque la nueva reforma energética abre la puerta a más participación privada, la calificadora advierte que “no asegura que se logren nuevas inversiones” debido al marco de incertidumbre generado por la reciente reforma judicial, impulsada también por el gobierno de Sheinbaum.
Esta reforma modifica el equilibrio de poderes en el país, debilitando la independencia del Poder Judicial y generando percepciones de que la ley podría aplicarse de forma discrecional. Para los inversionistas, este tipo de señales son graves, ya que impiden prever cómo serán tratados los contratos, los litigios y la protección de activos.
A esto se suma la experiencia reciente de decenas de empresas proveedoras de Pemex que no han recibido pagos en meses, pese a tener contratos vigentes. Esta falta de cumplimiento contractual, en un entorno donde los tribunales podrían fallar sistemáticamente a favor del gobierno, representa un riesgo jurídico real para cualquier actor del sector privado.
La estrategia de Sheinbaum busca apostar por contratos mixtos para atraer inversión en proyectos que la empresa no puede financiar sola. Sin embargo, sin garantías legales claras y con un historial reciente de impago, la confianza de los inversionistas es mínima.
Moody’s lo resume así: “Los cambios regulatorios tienen como objetivo fortalecer el papel estratégico de Pemex en el sector energético, pero las medidas no resuelven sus principales riesgos crediticios”.
En otras palabras: no importa cuántas reformas se hagan si no hay cumplimiento institucional, seguridad jurídica y certidumbre financiera. Pemex puede seguir siendo una empresa 100% del Estado, pero sin credibilidad en los mercados, difícilmente atraerá los recursos que necesita para salir de su crisis.
Y en ese sentido, los inversionistas lo tienen claro: Pemex hoy representa más riesgo que oportunidad.
