La negativa de Pemex a saldar adeudos de 2024 prolonga la crisis del sector petrolero. Empresarios enfrentan incertidumbre, liquidez comprometida y desconfianza estructural.
La relación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus proveedores atraviesa uno de sus peores momentos. Con más de 500 mil millones de pesos en adeudos no facturados correspondientes al ejercicio 2024, y sin una fecha clara de pago, el sector empresarial vinculado a la industria petrolera vive una prolongada agonía financiera.
De acuerdo con fuentes internas de la empresa, los pagos por obras y suministros realizados en 2024 no se cubrirán en el corto plazo. En cambio, Pemex ha anunciado que dará prioridad a los compromisos adquiridos durante 2025, lo que representa un balde de agua fría para cientos de empresarios que mantienen operaciones pendientes de pago desde el año anterior.
El argumento oficial para la demora es el de revisar minuciosamente cada contrato y suministro para evitar posibles actos de corrupción. Sin embargo, esta lógica no puede convertirse en justificación sistemática para retrasar —o incluso cancelar— pagos que ya representan compromisos firmes entre el Estado y quienes ya cumplieron su parte.
Esta política de castigo colectivo mina la confianza empresarial. Penaliza al proveedor honesto y eficiente en aras de depurar el pasado, pero sin distinción ni transparencia. El resultado es devastador: empresas al borde de la quiebra, cadenas de suministro paralizadas, pérdida de empleos, migración de talento técnico, y un clima de negocios cada vez más tóxico.
Además, la falta de apertura de las COPADES (Codificación de Pagos y Descuentos) es una señal inequívoca de que la situación es más grave de lo que se reconoce públicamente. Sin la apertura de estos sistemas, ni siquiera se inicia formalmente el proceso de pago. Es decir, el dinero no solo no está presupuestado, sino que ni siquiera se han activado los procedimientos administrativos para reconocerlo.
Uno de los empresarios afectados lo resume con claridad: “No pedimos más de lo que ya hicimos. Si hay corrupción, que se sancione a los funcionarios responsables, no a nosotros.” La frase es contundente y revela el desgaste moral de una relación que, en condiciones normales, debería basarse en la confianza contractual y la corresponsabilidad.
El anuncio de priorizar los servicios de 2025 puede parecer un respiro para quienes aún mantienen vínculos activos con Pemex. Sin embargo, mientras no haya certidumbre legal, financiera y administrativa sobre los pagos pendientes, será difícil que esta medida se traduzca en una verdadera reactivación.
El problema es estructural. Pemex no puede seguir operando bajo la lógica del monopolio sin cumplir los estándares básicos de una empresa pública moderna: transparencia, rendición de cuentas, pago a tiempo, planificación presupuestal y comunicación con su red de proveedores.
No se trata únicamente de un tema administrativo o financiero: se trata del rol que el Estado mexicano debe jugar como cliente responsable, como garante del Estado de derecho económico. El castigo al empresario formal, bajo la sombra de presuntas irregularidades, solo fortalece la informalidad, desalienta la inversión y debilita la productividad del país.
Si la actual administración quiere recuperar la confianza del sector energético, necesita más que auditorías y discursos de austeridad. Necesita pagar. Y pagar pronto.
