Los despidos en Pemex contradicen el discurso presidencial sobre derechos laborales. Con el nuevo poder judicial, ¿quién defenderá a los trabajadores que se atrevan a demandar?
El discurso de Claudia Sheinbaum sobre los derechos laborales parece resquebrajarse formalmente a poco de iniciar su sexenio. Mientras la presidenta asegura que los recortes en Pemex se harán con respeto a la ley y con pleno reconocimiento de los derechos de los trabajadores, los testimonios que surgen desde el interior de la empresa estatal cuentan una historia muy distinta.
Según fuentes dentro de Pemex, el proceso de despido comenzó ya en la Dirección de Refinación, encabezada por Héctor Lechuga. A los empleados afectados no se les está respetando el derecho a la jubilación, sino que están siendo liquidados en una sola exhibición. Esta decisión, aunque financieramente atractiva para la administración, representa una violación tácita del espíritu del derecho laboral mexicano: proteger al trabajador que ha dedicado años —a veces décadas— a una empresa pública.
¿Dónde queda el compromiso con la justicia laboral? ¿En qué momento “reorganizar” se convirtió en “descartar”?
La respuesta parece estar en una lógica fría de recorte presupuestal: al pagar una liquidación única, se evita el pasivo a largo plazo que implica una pensión. Desde una hoja de Excel suena práctico. Desde la vida real de los trabajadores, es un golpe que los deja desprotegidos y traicionados por una institución que juró representarlos.
La situación se agrava al considerar el contexto judicial en México. Con la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena y respaldada por la presidenta, se perfila un nuevo modelo de jueces electos por voto popular. En este escenario, hay preocupación legítima sobre la independencia y neutralidad del sistema judicial, sobre todo en casos donde el Estado sea parte.
¿Tendrá un trabajador de Pemex despedido y despojado de su derecho a pensión posibilidad real de ganar una demanda laboral ante un poder judicial renovado, electo y alineado al poder ejecutivo?
Todo apunta a que no.
El mensaje es preocupante: el Estado puede despedirte, incumplir acuerdos de jubilación, y aún así contar con jueces que le den la razón. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, también perpetúa un modelo de impunidad laboral que contradice los principios de justicia social que dice abrazar el nuevo gobierno.
La narrativa oficial afirma que estas medidas son necesarias para sanear a Pemex, una empresa saturada de burocracia, deuda y pérdidas. Es cierto: Pemex necesita transformarse. Pero la transformación no puede ni debe comenzar con la vulneración de los derechos laborales, ni justificarse bajo un disfraz de “eficiencia administrativa”.
El verdadero reto está en modernizar y liberar a Pemex sin traicionar su función social. Si el costo de sanear sus finanzas es despojar de su jubilación a quienes han sostenido sus operaciones durante años, entonces estamos ante un falso dilema. La eficiencia no debe construirse sobre la injusticia.
En este contexto, el nuevo poder judicial tiene un papel crucial: demostrar que su legitimidad no se reduce a las urnas, sino a su capacidad de impartir justicia, incluso cuando el acusado es el Estado. Los trabajadores despedidos de Pemex pondrán a prueba esa promesa. Lo que está en juego no es solo su futuro, sino la credibilidad de un sistema que se presume renovado.
¿A caso los trabajadores de Pemex, no son pueblo?
