México produce más de 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que representa más de 44 millones de toneladas al año, y de esta cantidad, menos del 10% se recicla efectivamente
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez junto con otros legisladores presentó una iniciativa con la que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión de Residuos, para la Mitigación de Emisiones de Gases.
De acuerdo con los motivos que expusieron los senadores y diputados, uno de los sectores que más contribuyen a las emisiones en México, pero que al mismo tiempo tiene mayor potencial de mitigación, es el manejo de residuos y sobre este tema, actualmente, nuestro país emite alrededor de 784 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono.
Hay que tomar en cuenta que México produce más de 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que representa más de 44 millones de toneladas al año, y de esta cantidad, menos del 10% se recicla de forma efectiva.
Esta cifra revela un rezago estructural que impide aprovechar el potencial energético y de materiales secundarios, y que además contribuye directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano (CH₄), uno de los gases más agresivos para el clima.
El proyecto que presentó ante el Congreso se inscribe de manera directa en el Eje General 4: Desarrollo Sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 impulsado por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Dicho eje concibe la justicia social y la justicia ambiental como un mismo imperativo, y subraya que México debe “fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular” para reducir la contaminación y optimizar el uso de recursos. En esa línea estratégica, este proyecto puede considerarse como instrumento normativo capaz de convertir los desechos en materia prima, evitar la sobreexplotación de recursos naturales y generar empleo verde en las comunidades más rezagadas.
Cabe destacar que la propuesta avanza precisamente sobre la ruta marcada por la Estrategia 4.3 del PND, que ordena “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” y, de manera específica, “promover la economía circular para optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión de residuos y prevenir la contaminación”.
Para lograrlo, el proyecto establece obligaciones claras de separación, valorización y trazabilidad de residuos, incentiva la innovación tecnológica en reciclaje y prevé mecanismos de certificación que recompensan las prácticas empresariales sustentables, cumpliendo el objetivo presidencial de convertir los residuos en motor de desarrollo local.
Con base en esto, el PND reconoce a Tula, Hidalgo, como el núcleo de la estrategia federal para demostrar cómo la economía circular puede escalar a nivel industrial y regional.
En esta iniciativa se anuncia la construcción en esa localidad del “proyecto de economía circular más ambicioso del mundo”, concebido como un complejo ambiental capaz de integrar en un solo sitio la valorización de residuos, el tratamiento avanzado de aguas, la generación de energía a partir de fuentes recuperadas y la producción de insumos reciclados; la meta explícita es reducir la contaminación, generar empleo y funcionar como palanca para que la Ciudad de México, avance en el cumplimiento de sus objetivos ambientales.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), encabezada por la Dra. Alicia Bárcena, en la presentación de la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 planteó que se tiene la meta de reducir 140 mil toneladas de dióxido de carbono hacia 2030 y de recortar en 35% las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. El propio PND fija como indicador llevar las emisiones netas de 599 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente proyectadas para 2024 a 533 millones en 2030.
En términos económicos, el Plan México establece como décimo compromiso transversal promover “inversiones con prácticas Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), reúso de agua, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario.
Por todo lo anterior, los autores de dicha iniciativa invitaron a los legisladores a hacer propio este proyecto para convertirlo en piedra angular de la política ambiental del sexenio. Su adopción permitirá alinear la acción legislativa con las prioridades del Gobierno de México, ofrecer resultados tangibles en la lucha contra el cambio climático y consolidar la economía circular como palanca de bienestar.
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