El incumplimiento de pagos por parte de Pemex ha devastado la economía de Ciudad del Carmen, Campeche. La deuda millonaria con proveedores ha provocado despidos, cierres de negocios y una recesión local que exige atención urgente del gobierno federal.
Ciudad del Carmen, Campeche, alguna vez fue el emblema del auge petrolero mexicano. Con el proyecto Cantarell, esta ciudad costera se transformó de una comunidad pesquera a una capital energética nacional. En su apogeo, la producción diaria de petróleo en México rozaba los tres millones de barriles, y gran parte de esa bonanza se originaba aquí. Hoteles, restaurantes, comercios, líneas aéreas y empresas de servicios florecieron gracias a la fuerza gravitacional de Petróleos Mexicanos (Pemex). Hoy, sin embargo, ese esplendor es apenas un recuerdo.
El incumplimiento reiterado de Pemex con sus proveedores y contratistas ha llevado a la ciudad a una recesión profunda. De acuerdo con Javier Bello Ávila, presidente de la Contraloría Ciudadana de Carmen, A.C., la promesa de saldar la deuda —hecha personalmente por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla— ha sido violada una y otra vez. Lo que se ha entregado son apenas abonos mínimos, equivalentes al 5% del total adeudado, que rondaría el billón de pesos.
Más allá del número, lo verdaderamente grave es el efecto multiplicador que este impago tiene sobre la economía local. Las empresas proveedoras, muchas de ellas pequeñas o medianas, están sin liquidez, sin acceso a financiamiento, y sin certezas. Esto ha desencadenado un efecto dominó: despidos, cierres de empresas, reducción de operaciones, migración de talento, caída del consumo y aumento del desempleo.
El aeropuerto de Ciudad del Carmen, que años atrás tenía hasta ocho vuelos diarios, hoy opera apenas dos. El sector hotelero reporta ocupaciones mínimas y la Cámara Nacional de Comercio ha confirmado una caída de hasta 70% en las ventas de sus afiliados. Esta no es una crisis sectorial; es un colapso sistémico.
Resulta indignante que Pemex, una empresa del Estado, esté trasladando el costo de su crisis financiera a quienes menos pueden soportarlo: sus propios proveedores. Estas compañías, en su mayoría nacionales y profundamente ligadas a la economía regional, son tratadas como financiadoras involuntarias de la ineficiencia institucional. Y cuando reclaman, se les responde con promesas vacías y visitas simbólicas sin resultados concretos.
Ciudad del Carmen no solo está perdiendo su músculo productivo, está perdiendo su esperanza. La falta de certidumbre ha erosionado la confianza entre empresarios, trabajadores y autoridades. Ya no basta con discursos; se necesita acción. Es urgente que el gobierno federal —y particularmente la administración de Claudia Sheinbaum— tome cartas en el asunto y reconozca que la viabilidad de Pemex no puede construirse a costa de destruir economías locales.
Una posible solución sería crear un programa emergente de pago inmediato a proveedores verificados, con supervisión de entes ciudadanos e instituciones financieras. También se requiere reactivar mecanismos de crédito productivo, establecer cadenas de pago seguras, y, sobre todo, rediseñar el modelo de contrataciones para que ninguna empresa tenga que esperar meses o años para cobrar lo que legalmente se le debe.
Ciudad del Carmen merece más que promesas. Su gente, que ayudó a construir el motor energético de México, hoy sobrevive entre el abandono y la desesperanza. La deuda de Pemex no es solo financiera, es una deuda moral con una región que le dio todo al país y ahora clama por justicia económica. Si la Cuarta Transformación quiere verdaderamente ser distinta, debe empezar por pagar lo justo y salvar del colapso a una ciudad que fue, y puede volver a ser, una potencia.
