El tráfico ilegal de combustibles repunta en el norte de México; involucra tomas clandestinas, corrupción aduanera y redes marítimas. El reto estructural sigue vigente.
El huachicol fiscal —tráfico ilegal de combustibles— ha resurgido con fuerza en cinco estados del norte de México: Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Según datos de Pemex, las tomas clandestinas han repuntado en cifras alarmantes: Nuevo León (+426%), Coahuila (+418%), Tamaulipas (+240%), Baja California (+150%) y Chihuahua (+156%). Este fenómeno, que había disminuido desde 2020, resurge con un nuevo patrón operativo y mayores implicaciones fiscales y de seguridad.
El modus operandi documentado incluye la extracción ilegal de combustibles desde ductos o refinerías, su embarque en buques cisterna y posterior reingreso a México con documentación alterada que los presenta como productos importados. Personal del SAT y Aduanas ha sido implicado en la corrupción que permite este esquema. Además, gasolina y diésel ingresan con pedimentos falsos como “lubricantes”, lo que facilita la evasión de impuestos.
Uno de los casos más notorios es el del buque Challenge Procyon, decomisado con 10 millones de litros de diésel ilegal. Altamira y Ensenada han sido identificados como focos críticos. El impacto económico es enorme: se estima que ingresan hasta 40 millones de litros diarios de combustible de contrabando, con un valor superior a los 900 millones de pesos por día.
A nivel marítimo, la Secretaría de Marina ha tomado control de 117 terminales portuarias y desplegado operativos en zonas clave como Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Sin embargo, las autoridades reconocen que el principal problema sigue en las aduanas, donde se permite el ingreso del combustible mediante documentos alterados.
A pesar de los decomisos, la red del huachicol fiscal sigue activa y representa uno de los desafíos más complejos y lucrativos para el crimen organizado en México.
