Legisladores exigen a Octavio Romero Oropeza aclarar los adeudos de Pemex con proveedores, que podrían superar los 506 mil mdp. Acusan opacidad y negligencia.
La deuda de más de 506 mil millones de pesos que Pemex mantiene con sus proveedores ha desatado una ola de críticas en el Congreso mexicano. Senadores y diputados de diferentes partidos han exigido que el exdirector Octavio Romero Oropeza rinda cuentas por el origen, el manejo y el crecimiento de esta deuda durante su gestión al frente de la petrolera estatal.
El senador Clemente Castañeda (MC) cuestionó por qué no se saldaron estos adeudos a tiempo y si hubo negligencia o displicencia administrativa. La senadora Claudia Anaya (PRI) fue más directa: “Romero Oropeza tiene bastante vela en el entierro”, afirmó. En tanto, Jorge Triana (PAN) calificó su gestión como “desastrosa” y reclamó que “tiene que dar la cara”.
Más allá de las cifras oficiales, legisladores como la diputada Ariana Rejón advierten que el pasivo podría ser el doble o triple, ya que muchos servicios prestados en 2023 y 2024 no han sido facturados y, por tanto, no están registrados oficialmente en el sistema.
Las pymes del sector energético son las más afectadas: están paralizadas, enfrentan dificultades para acceder a financiamiento y tienen problemas fiscales por falta de pagos. La falta de acceso al sistema COPADE, donde Pemex lleva los registros de pagos y descuentos, ha incrementado la opacidad y desconfianza entre proveedores.
Legisladores exigen que Pemex:
- Aclare el monto real de su deuda.
- Abra el sistema COPADE.
- Establezca un plan de pagos con fechas y montos claros.
- Evite favoritismos al liberar recursos.
También demandan que la Secretaría de Hacienda y el SAT establezcan incentivos fiscales temporales para evitar sanciones a empresas que no han podido cumplir por la falta de pagos.
La Secretaría de la Función Pública, encabezada por Raquel Buenrostro, podría iniciar procesos administrativos o penales si se documentan irregularidades. El desenlace de este escándalo financiero dependerá, según legisladores, de la voluntad política de transparentar los datos y castigar a los responsables.
