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Hay que atender a los hechos de inmediato, que además están dentro de la ley.
Expertos en energía de Santamarina y Steta destacaron los aspectos legales técnicos a tomar en cuenta para lograr una política pública efectiva para enfrentar el rezago eléctrico del país y además aprovechar la oportunidad que hay para beneficio de la sociedad para contar con mayor productividad en aras de beneficiar a todos los mexicanos.
“Es uno de los desafíos más relevantes para México que heredará nuestra próxima administración. Ha quedado claro en una de las opciones que el usuario (y no a las empresas del Estado) constituyen el centro del espectro, bajo la premisa de que, en todo caso, la energía es un medio y no un fin en sí misma. Es fundamental fortalecer la convivencia y colaboración plural entre empresas productivas del Estado, inversionistas, órganos reguladores autónomos, usuarios y especialistas bajo un sólido marco de rectoría del Estado”, aseveró Juan Carlos Machorro, Socio experto en energía de la firma.
Por su parte, Norma Álvarez, abogada experta en derecho energético y regulatorio de la firma destacó los aspectos cruciales urgentes a atender para asegurar la red y detonar una política energética con resultados reales: 1) crecimiento de las líneas de transmisión y de las líneas de distribución.
Esto significa la modernización de las actuales y construcción de nuevas líneas; 2) despliegue de energías renovables dentro de la red. Implica la liberación de permisos y contratos de interconexión, de los que se habla poco; 3) promover proyectos de abasto aislado, que son los que hacen para la generación de energía eléctrica para satisfacción de necesidades propias; 4) Transición energética justa, alineada a los acuerdos de París, para que el sector eléctrico reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, dado que hoy es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Lo anterior, mediante una reconversión de los procesos productivos de todo el sector energético; 5) Viraje hacia la electro-movilidad. Además de que nos va a ayudar a reconvertir el parque al generar menores emisiones, permite una transición del sector transporte, el cual, actualmente, es el principal generador de gases de invernadero en México y carece de estímulos que permitan su reconversión hacia un modelo más sostenible.
“Lo más importante es garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, que actualmente sufre no solo de limitaciones para cubrir la creciente demanda, sino también se ve afectado por las congestiones, efectos de distorsión y consecuentes apagones, como los hemos visto en diferentes zonas del país, como en Tijuana, la zona metropolitana de Monterrey y en el Bajío, donde se edifica la infraestructura industrial para aprovechar las oportunidades que representa el nearshoring”, apuntó.
Juan Carlos Machorro destacó los aspectos clave de agenda para una eficiente política energética de transición:
- Mirar al largo plazo más allá de coyunturas político-electorales dejando de lado premisas falaces de carácter ideológico y voltear hacia la ciencia, privilegiando y ubicando al usuario (y no a las empresas del Estado) en el centro del espectro.
- Regresar al concepto de seguridad energética que pasa por energía suficiente, limpia, y accesible, apelando a resultados operativos, financieros y ambientales conforme a estándares internacionales.
- Reactivar las funciones de los órganos independientes y el mercado eléctrico para alcanzar mejores tarifas y ampliar la base de generación de energías limpias.
- Detonar proyectos de generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía para atender el crecimiento de la demanda y aprovechar las oportunidades del nearshoring.
- Facilitar la expansión de la generación distribuida desplegando la utilización masiva de techos solares.
