La CRE publicó el acuerdo A/047/2022 establece normas para autorización de participación cruzada en hidrocarburos, enfocándose en competencia, eficiencia y acceso abierto.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo A/047/2022 el cual establece las disposiciones administrativas de carácter general relacionadas con la participación cruzada en el sector de los hidrocarburos en México.
Este acuerdo tiene como objetivo principal definir el procedimiento y los requisitos necesarios para la autorización de participación cruzada entre entidades, así como la metodología para evaluar sus efectos en la competencia, eficiencia en los mercados, y el acceso abierto efectivo.
Las disposiciones detallan la interpretación administrativa de la participación cruzada, estableciendo una guía clara sobre cómo se analizarán los casos y los efectos potenciales que dicha participación puede tener en el mercado energético. Esto incluye la definición de conceptos clave, la metodología para el análisis de impacto en el mercado y los criterios para la autorización de estas participaciones.
El acuerdo también revoca el Acuerdo A/005/2016, actualizando y reemplazando las normativas previas en relación con la autorización de participación cruzada. Establece un plazo de 60 días hábiles después de su entrada en vigor para que los Agentes Económicos actualicen su situación respecto a la participación cruzada y presenten la solicitud de autorización correspondiente.
Este documento es de aplicación general en todo el territorio nacional y se inscribe bajo el número A/047/2022 en el Registro Público de la Comisión. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación asegura su oficialidad y obligatoriedad, entrando en vigor el día hábil siguiente a su publicación.
Además, se establece que los procedimientos en trámite al momento de entrar en vigor estas disposiciones continuarán según el acuerdo previo, aunque con la opción de reiniciar el trámite bajo las nuevas disposiciones. Finalmente, se informa sobre el derecho de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto, garantizando así un mecanismo de defensa legal para los afectados por este acto administrativo.
