La CNDH solicitó la reparación integral del daño a 12 víctimas directas y sus familias, así como a 11 víctimas indirectas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) no acepto la recomendación de 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por una supuesta negligencia en su actuar durante una explosión tras una fuga de gas en el estado de Puebla.
La CNDH emitió una recomendación a la empresa productiva del estado y al ayuntamiento de Puebla con respecto a la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán el 31 de octubre de 2021, que afectó a 265 habitantes.
La explosión ocurrió el 31 de octubre de 2021 en el ducto Cactus-Tula-Guadalajara debido a la acumulación de gas por una fuga por una toma clandestina.
La CNDH determinó que las autoridades omitieron realizar acciones coordinadas para salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal, así como para proteger viviendas y bienes en la colonia.
Sin embargo, la petrolera nacional asegura que su subsidiaria Pemex Logística actuó de “manera diligente” en todos los procesos operativos y administrativos, sin vulnerar los derechos humanos a la vida, la integridad personal, ni el derecho a la vivienda.
Pemex y el ayuntamiento fueron informados de la fuga de gas y, en colaboración con el cuerpo de bomberos de Puebla, tomaron medidas de seguridad y evacuaron a los habitantes. Sin embargo, la situación se volvió crítica, resultando en explosiones que causaron la muerte de una persona y lesiones a otras 11.
De acuerdo con Pemex, se mantuvo en coordinación con las autoridades estatales y municipales en la franja por la que atraviesa el ducto, informando a las autoridades de la presencia de asentamientos humanos en el derecho de vía del ducto.
Ello, para que las autoridades actuaran de acuerdo a sus atribuciones y facultades.
La CNDH encontró que las autoridades no actuaron con la debida diligencia para abordar construcciones irregulares que invadieron la franja de seguridad y el derecho de vía. Además, señaló que Pemex, Pemex Logística y el gobierno de la capital de Puebla incumplieron sus obligaciones de prevenir riesgos y asegurar condiciones seguras para las viviendas construidas sobre el sistema de ductos de gas licuado de petróleo y su derecho de vía.
En consecuencia, la CNDH solicitó la reparación integral del daño a 12 víctimas directas y sus familias, así como a 11 víctimas indirectas, familiares de cinco personas fallecidas. También instó a realizar un censo de muertos y lesionados.
