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Avance posible, si se reconocen con sensatez y criterio técnico-jurídico los compromisos del Estado Mexicano en el contexto del tratado.
Juan Carlos Machorro socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta, trazó las perspectivas que tienen los negociadores mexicanos ante las demandas de consulta que inició el Gobierno de las Estados Unidos y ahora el canadiense, como socios comerciales de México, al amparo de los compromisos que están claramente delineados en forma trasversal en el contenido del T-MEC.
“El equipo mexicano seguramente está más adentrado de los elementos técnicos del conflicto, más allá de la narrativa ideológica. A partir de reconocerlos, podrá analizar esas violaciones claras –por discriminatorias- y llevar las negociaciones a buen puerto. Seguir en el discurso ideológico carece de sentido y no va a permitir desarrollar argumento de defensa alguna”, dijo.
El especialista recordó los cuatro puntos, puestos sobre la mesa por el gobierno de los Estados Unidos:
1.- El orden de despacho que privilegia a plantas de la CFE, que aun cuando en teoría se encuentra suspendido como parte de las reformas a la ley, es un tema en el que no hay señales de claudicación por parte del gobierno mexicano.
2. El silencio y la parálisis de trámites en órganos reguladores; ¿será factible revertir esta situación en el corto plazo si existiera voluntad de hacerlo?, recordemos que las capacidades y los recursos humanos y presupuestales han sufrido una merma muy considerable.
3. La utilización de infraestructura de transporte condicionada a la compra de gas a las empresas del Estado. Claramente violatorio de principios en materia de competencia, entre otros, ya comentado ampliamente por COFECE en nuestro país.
4.- Trato preferencial a PEMEX TRI en el tema de octanaje en combustibles, ¿será factible revertirlo?
Juan Carlos Machorro explicó que existe la posibilidad –habrá que ver qué tan probable – de llegar a un arreglo sensato si el equipo mexicano:
1)Se concientiza de que la administración federal se encuentra en el último tercio de gobierno, y que algunas de las medidas de política energética posiblemente no llegarán a ver la luz este sexenio al estar suspendidas por el actuar del poder judicial, cuya suspensión podría anticiparse en algunos casos durante el resto del sexenio, con lo cual habría que preguntarse si “¿vale la pena mantener abierto un frente adicional con tus socios comerciales?” ;es decir, “si la aplicación de algunas de estas medidas se encuentran de hecho suspendidas, un argumento a cargo del gobierno mexicano podría ser en este sentido, sin que de momento se esté causando un perjuicio real a los socios comerciales, adicionando a dicha narrativa que, en caso de que el poder judicial se pronunciara por la inconstitucionalidad de estas medidas, el asunto podría quedar sin materia en el escenario del propio T-MEC, cuando menos en estos puntos; esto podría dar pie a una suerte de tregua en estas materias, podría ser una estrategia de negociación, pero ya veremos, esto está en manos del gobierno,” comentó Machorro. “Si, por el contrario, el poder judicial confirmara la constitucionalidad de estas medidas, podría negociarse que no serían aplicadas a inversionistas protegidos por el tratado en forma inmediata, antes de sentarse nuevamente a una ronda de análisis y negociaciones con los Estados Parte. Esto daría un cariz de seriedad y análisis técnico-jurídico a la postura mexicana”, apuntó.
2) Negociar que, mientras lo anterior transcurre, exista el compromiso de no iniciar medidas adicionales que pudieran violentar el tratado en los términos planteados por los Estado Parte, y reactivar los trámites que se encuentran pendientes en los órganos reguladores, particularmente la Comisión Reguladora de Energía.
“Es altamente probable que el gobierno mexicano no logre restablecer monopolios estatales integrados verticalmente; sería deseable y responsable no mantener frentes abiertos que esta administración no pueda cerrar antes de concluir su mandato”, concluyó.
