Estados Unidos y Canadá acusan oficialmente violaciones al TMEC en el sector energético.
Estados Unidos solicitó el miércoles consultas sobre solución de disputas con México en el marco del acuerdo comercial de Norteamérica por políticas energéticas de la nación latinoamericana que considera discriminatorias y que “perjudican” a sus empresas.
La solicitud, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), supone la disputa más grave entre Washington y Ciudad de México desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Si no se resuelve, podría desembocar en aranceles punitivos por parte de Estados Unidos.
Más tarde, Canadá, el otro socio del TMEC, adelantó que solicitaría su propia consulta sobre solución de disputas por las políticas energéticas mexicanas argumentando que son “inconsistentes” con el pacto regional.
El gobierno de México, sin embargo, pareció querer reducir el impasse al asegurar que constituye la etapa “no contenciosa” del mecanismo de solución de controversias y que espera “alcanzar una solución mutuamente satisfactoria”.
La USTR detalló que las consultas solicitadas se refieren a medidas que, según argumenta, perjudican a las empresas estadounidenses en favor de las estatales mexicanas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista energético, se ha comprometido a reactivar Pemex y CFE, las cuales, según ha dicho, fueron “destruidas” por sus predecesores deliberadamente para ceder el mercado energético nacional a extranjeros.
Estados Unidos argumenta ahora que sus esfuerzos por fortalecer a las empresas estatales parecen contravenir los compromisos de México en el TMEC.
“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el TMEC”, afirmó la representante comercial estadounidense, Katherine Tai.
La medida de Estados Unidos es un golpe para México y llega justo una semana después de que López Obrador se reuniera con su homólogo del vecino país, Joe Biden, en Washington, y anunciara que empresas estadounidenses planeaban invertir miles de millones de dólares en el sector energético mexicano.
Más tarde, López Obrador aseguró que no existían problemas ya que su país estaba actuando conforme a la ley.
“Vamos a recibir la propuesta, se va a analizar (…) y les vamos a contestar puntualmente”, adelantó el mandatario mexicano. “No hay ninguna violación al tratado (TMEC). No hay ningún problema de nada, todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con la constitución, con nuestras leyes”.
“TRATO INJUSTO”
Tai argumentó que los cambios de política emprendidos por México están afectando a los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y “desincentivan la inversión” de los proveedores de energía renovable y de las compañías que buscan comprar energía limpia y fiable.
En abril, la Suprema Corte mexicana confirmó la polémica legislación sobre electricidad aprobada en 2021, que establece que la CFE debe tener prioridad sobre los proveedores de energía privados en el despacho, o cuando las plantas entran en funcionamiento.
López Obrador argumenta que sus medidas beneficiarán a los consumidores y harán que México sea más autosuficiente. La oposición afirma que aumentarán los costes de la electricidad, socavarán la confianza de los inversores y violarán los compromisos de México en materia de energía limpia.
La USTR explicó que estaba impugnando las enmiendas a la legislación mexicana que dan prioridad a la distribución de la energía generada por la CFE sobre las fuentes de energía más limpias proporcionadas por los proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.
La USTR señaló que México también ha estado “retrasando, denegando o no actuando” en las solicitudes de permisos para instalaciones de energía renovable y para almacenar, transbordar o vender combustibles, lo que dificulta la participación de las firmas privadas, haciéndose eco de las quejas de los grupos de presión empresariales mexicanos.
“Hemos tratado de trabajar de forma constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones pero, por desgracia, las empresas estadounidenses siguen enfrentándose a un trato injusto en México”, dijo Tai.
Sin embargo, la Secretaría de Economía, dependencia encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano, sostuvo en un comunicado que espera que la disputa llegue a buen puerto.
“El Gobierno de México externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas”, sostuvo en un comunicado.
En junio, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que las políticas energéticas del país latinoamericano habían puesto en riesgo unos 30 mil millones de dólares en proyectos de inversión estadounidenses.
Bajo las reglas del TMEC, si la queja no se resuelve en 75 días, la USTR puede solicitar un panel de disputas para revisar las reclamaciones.
(Reporte de Dave Graham, Anthony Esposito, Raúl Cortés Fernanández y Diego Oré en Ciudad de México; Reporte adicional de Steve Holland en Washington y Adriana Barrera en Ciudad de México)
