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Ejecutivos de Pemex declararon desde 2017 las presiones para autorizar las obras de la refinería de Tula.
Desde el 2017, exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) presiones para aprobar rápidamente los contratos entre la empresa productiva del estado y Odebrecht.
Una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese año fue la que detectó probables irregularidades en estos contratos por un monto superior a los cuatro mil 254 millones de pesos, indagatorias que iniciaron desde el 22 de diciembre de 2016.
Gustavo Escobar Carré, exsubdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos, que en una comparecencia fechada el 26 de abril de 2017 aseguró ante los agentes del Ministerio Público que la necesidad de que se “firmaran rápido” uno de los contratos procedió de las diversas áreas de la paraestatal.
“Yo lo que recuerdo es que del área usuaria existía una presión todo el tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula, porque había otros contratos concatenados con este”, dijo en su declaración.
Por otra parte, Alejandro Martínez Sibaja, exdirector general de Pemex Transformación Industrial, quien en una declaración del 15 de mayo de 2017, aunque negó haber tenido participación directa en los contratos entre la petrolera y Odebrecht, declaró que “probablemente sí me llamó la atención que el contrato de Tula II se gestionara en un solo día, pero no lo recuerdo”.
Fernando Amor Castillo, exsubdirector comercial de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, que aseguró que se designaron de manera directa estos contratos porque “no existían suficientes contratistas calificados para llevar a cabo la obra”.
Mientras que Jesús Lozano Peña, ex subdirector de Proyectos de Pemex Refinación, que argumentó que la urgencia del proyecto era “motivado principalmente por el diferimiento del Proyecto de la Nueva Refinería en Tula, Hidalgo”.
