Los congresistas piden a la secretaria de Energía de mano dura contra propuesta de reforma constitucional.
Un grupo de congresistas de los Estados Unidos solicitaron en una nueva carta a la secretaria de Energía de ese país una posición más dura contra la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador.
Los representantes norteamericanos aseguran que la aprobación de la reforma eléctrica significará la “antítesis de la relación económica históricamente sólida entre Estados Unidos y México” y cerrará las puertas a la explotación de minerales estratégicos como el litio y él cobrara a empresas norteamericanas.
En la misiva los congresistas además de expresar sus preocupaciones sobre la agenda energética del gobierno federal, pidieron a la administración Biden una posición más dura contra la política energética de México.
“Solicitamos exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles fósiles del presidente de México López de Obrador, porque hasta ahora, según informes públicos, López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o tácita aprobación de la decisión de su gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre energía renovable”, se lee en la carta.
La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, se reunirá mañana con la titular de la Secretaría de Energía de México, Roció Nahle.
Los representantes solicitaron a Granholm hacer de la reforma eléctrica un tema prioritario en la discusión de mañana.
Además, solicitaron a la administración Biden una actualización de las acciones emprendidas para defender a las inversiones energéticas norteamericanas en el marco del TMEC.
“Con la promulgación de esta reforma, añaden, el gobierno mexicano cancelaría los permisos, contratos y certificados; eliminará las agencias reguladoras federales de energía que proporcionan controles y balances en empresas estatales de energía; le ofrece a CFE una garantía para controlar al menos el 54% del mercado; a reorganización de las cuotas de producción de energía privadas y estatales para favorecer la producción de combustibles fósiles; y establecer al estado como único implementador de la transición de energía limpia de México”.
