El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un reporte ejecutivo sobre el clima de la inversión en México, en el cual se expresa preocupación por la política energética de la actual administración.
La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción también continúan obstaculizando el crecimiento económico mexicano. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México, se lee en el documento.
Los inversionistas informan que los cambios regulatorios, la débil salud financiera de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y una respuesta fiscal débil percibida a la crisis económica del COVID-19 han contribuido a la incertidumbre actual.
En 2019, México se convirtió en el principal socio comercial de bienes de Estados Unidos y sigue siendo uno de sus socios de inversión más importantes. El comercio bilateral creció 654% entre 1993 y 2019, y México es el segundo mercado de exportación y el tercer socio comercial más importantes de Estados Unidos.
Estados Unidos es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) de México con 114.900 millones de dólares (total en 2018 según la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos) el equivalente a 39.7% de todas las entradas (acciones) a México, según la Secretaría de Economía de México.
México aprobó el protocolo enmendado Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) en diciembre de 2019, Estados Unidos en diciembre de 2019 y Canadá en marzo de 2020, brindando un impulso a la confianza de los inversionistas que esperan una integración económica regional continua y profunda. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. El presidente López Obrador ha expresado su optimismo de que impulsará la economía mexicana.
Los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de COFECE, CNH y CRE.
“La administración de López Obrador ha realizado algunos cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados. Los cambios han llevado a empresas privadas a presentar demandas en tribunales mexicanos y varias están considerando el arbitraje internacional”, se lee en el documento.
Los analistas sostienen que la COFECE ha perdido influencia a medida que la administración actual promulgó cambios regulatorios en el sector eléctrico que favorecen a las empresas estatales en lugar de mantener precios competitivos para el consumidor. La administración nombró a cuatro de los siete comisionados de la CRE a pesar de las objeciones del Senado, que votó dos veces para rechazar a los nominados, en parte debido a preocupaciones de que sus nombramientos erosionarían la autonomía de la CRE.
Los recortes presupuestarios de la administración resultaron en despidos significativos, lo que supuestamente ha obstaculizado la capacidad de las agencias para llevar a cabo su trabajo, un factor clave en las decisiones de inversión.
