En los últimos meses se ha observado en Perú que las comunidades nativas de ese país están recurriendo a tribunales para frenar proyectos de exploración y producción, ya que las empresas no han sido consultadas previamente.
En el último año, seis sentencias judiciales han frenado proyectos. Otros cuatro proyectos cuyas inversiones suman más de mil 700 millones de dólares podrían sufrir paros debido a la falta de consultas.
Las sentencias se apoyan en la ratificación de Perú de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los gobiernos a consultar con los indígenas antes de tomar cualquier decisión que podrían afectarlos.
Entre los proyectos bajo amenaza figura la que tiene la estatal Petroperú con Geopark por la exploración de un bloque ubicado en la región amazónica de Loreto, con una inversión estimada de unos 450 millones de dólares.
