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El pasado 15 de diciembre de 2018, fue del conocimiento público que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 propone una disminución de cerca de 30 por ciento para la CRE. El Órgano de Gobierno considera que esto representa un obstáculo para la regulación en materia energética del Estado Mexicano, por lo cual solicita de manera respetuosa a la Cámara de Diputados apruebe los recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo de manera efectiva sus atribuciones.
El Órgano de Gobierno apela al cumplimiento del artículo 32 de la LORCME, que establece que:
“La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestarios a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con el fin de que puedan llevar a cabo sus funciones y que el presupuesto total aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir sus funciones”.
Asimismo, en el artículo 29 de la LORCME se establece que los Órganos Reguladores Coordinados pueden disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por sus servicios para financiar su presupuesto. Lo anterior quiere decir que los recursos asignados por la Cámara de Diputados, provienen de los pagos que realizan los permisionarios a la Tesorería de la Federación por los servicios que presta la Comisión, por lo cual, no representan ninguna afectación a los principios de austeridad republicana impulsados por el Gobierno de México.
Se espera que para el 2019 se obtengan aproximadamente 1.3 mil millones de pesos por concepto de derechos y aprovechamientos; en tanto que las erogaciones se estiman en 1 mil millones de pesos. Es decir, la Comisión genera suficientes recursos para su operación, e incluso contribuye a la hacienda pública.
Con base en lo anterior, la Comisión solicita a la Cámara de Diputados de manera respetuosa que se le asignen los recursos necesarios para llevar a cabo de manera efectiva sus atribuciones, lo cual constituye un equilibrio para el funcionamiento democrático de la República y el desarrollo efectivo de las industrias eléctrica, de los hidrocarburos y petrolíferos, con la concurrencia de los sectores público, social y privado bajo la rectoría y regulación del Estado.
