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La difícil ruta del Estado de Derecho.
Por: Jorge León Orantes, Presidente Santamarina+Steta
El 2021 no solo trajo cosas inesperadas, nuevas. También cosas que ya no esperábamos volver a ver. Iniciaron el año pasado y cristalizarán sus repercusiones en el 2022: dos bancos perdieron su licencia y un tercero, de gran calado, cambiará de dueños. Esperábamos ver más restructuraciones financieras y no tantas fusiones y adquisiciones. Estos acontecimientos bien pueden estar vaticinando un cambio más profundo. Mientras, estamos presenciando más actividad en tribunales, que de por sí están saturados. Muchas solicitudes de concursos mercantiles que esperan el sueño de los justos.
Nuestros especialistas del sector energético nos reportan que, en lugar de estar apoyando nuevos negocios para una derrama económica beneficiosa para los mexicanos, están asesorando empresas que ya tienen inversiones fincadas en México, que buscan defender sus derechos adquiridos en contratos, contra posibles cambios drásticos en la ley y desde luego cambios inmediatos en políticas y reglamentaciones. Fue un hecho que el Gobierno Federal, ejecutó una política de suspensión de rondas petroleras, cancelación de licitaciones, rondas y subastas energéticas. Igualmente, la congelación de permisos para desarrollar energías limpias, mientras se emitió un decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para otorgar un papel predominante a la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) que de inmediato se vio sometido a controversias constitucionales.
Es verdad que la pandemia nos ha traído mucha mayor conciencia en todos los niveles. Globalmente, las corporaciones han seguido adoptando una conciencia de responsabilidad social y ambiental mucho más profunda. Las heridas que la pandemia nos sigue infringiendo todos los días, están cristalizando en un nuevo tipo de sociedad productiva, que va a sustituir a la del capitalismo salvaje.
Legisladores, empresas, consumidores finales, empleados, comunidades, proveedores, inversionistas, clientes, accionistas, reguladores, medios de comunicación, redes sociales y gobierno en diferentes partes del mundo tienen una conciencia de responsabilidad que enfrenta con más firmeza a los abusos industriales.
En México, el punto controversial consiste en aceptar o no al gobierno como el único rector y vigilante de tal responsabilidad. Como si fuera un papá, como si fuera el Estado mismo, cuando ya hay una sociedad madura, con instituciones autónomas, que garantizan límites ante abusos, como –por ejemplo- la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Creemos que está institución que se ha venido oponiendo con valentía a las intentonas de ley que buscan revivir los monopolios de gobierno en las industrias clave del país. El mundo en su conjunto ya maduró hacia el cumplimiento ambiental, social y de gobierno corporativo, (ESG). México no tiene que ser la excepción.
Las leyes de los países con las economías más importantes están respondiendo a este llamado a la responsabilidad. Las Constitución y leyes de México también llegaron a un punto de avance al mismo nivel en ese sentido. La autonomía de poderes es la única garantía para que prive un Estado de Derecho. No uno de personas, por mejor intencionadas que sean.
