Desde la perspectiva del IMEF, de aprobarse la Iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico se generarían varios riegos.
Desde la perspectiva del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), de aprobarse la Iniciativa del ejecutivo para reformar la constitución del sector eléctrico se generarían varios riegos.
La desaparición de la CRE y la CNH reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.
El IMEF asegura que se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.
Además se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales.
El IMEF considera que además se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.
Considera que se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad de nuestro estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país.
Además rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos.
Cree también que se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad.
El IMEF asegura que con ello, se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la CFE.
“Por lo anterior, la aprobación de la Iniciativa en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional”.
