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De acuerdo con la organización las modificaciones realizadas por Cenace y Sener carecen de justificación técnica y tienen implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero.
El pasado viernes 14 de agosto, el Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) la suspensión definitiva en el amparo interpuesto conjuntamente con Greenpeace México, en contra del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), ambos en materia de generación de energía eléctrica.
De acuerdo con la organización, con esta suspensión será posible que sigan avanzando los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, siempre y cuando cumplan en todo momento con el marco legal vigente, y respeten los derechos humanos de las personas en las comunidades donde pretenden instalarse.
Cabe recordar que a Greenpeace México le fue concedida también la suspensión por parte del juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, el pasado 23 de junio del presente año.
Gracias a las suspensiones concedidas, quedan sin efecto tanto el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Cenace el pasado 29 de abril, como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Sener el 15 de mayo de este año, por lo menos durante el tiempo que dure el juicio o hasta que la suspensión se revoque o modifique.
Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se congratuló por esta decisión de la autoridad judicial, toda vez que “tanto el Acuerdo del Cenace como la Política de Sener en esta materia, constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país y, con ello, contribuir a tener un medio ambiente sano, pues sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”, apuntó.
Por su parte, María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, señaló que: “esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población, que ayude a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, a través de proyectos comunitarios de generación distribuida; a la par de dar cumplimiento puntual a los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático”.
Las modificaciones realizadas por Sener y Cenace a través de las normatividades impugnadas abren la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero.
