El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, afirmó que se deben revisar los contratos que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas privadas para adquirir energía eléctrica, ante el déficit de esta dependencia.
En declaraciones a la prensa, indicó que a partir de la entrada en vigor de la reforma energética se “llevó al desmantelamiento de la CFE, firmando contratos con empresas privadas para comprarles energía a un precio muy elevado, en lugar de invertir en infraestructura, (por ello) los beneficios no podían ser trasladados a los consumidores”.
“Hay contratos con muchas desventajas para ese sector e interés del público, porque en teoría se trataba de empezar a sustituir la generación de energía eléctrica en nuestro país por insumos más baratos, menos contaminantes y aprovechar el gas natural que se importa de los Estado Unidos que es más barato en comparación con los precios internacionales”, añadió.
El director de la CFE, Manuel Bartlett, informó que según un análisis realizado en 2018, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 2014 a 2016, la empresa registró pérdidas por más de dos mil 646 millones de pesos, a causa del incremento de los precios pactados con los productores externos para la adquisición de energía eléctrica.
El coordinador de los diputados de Morena, consideró que deben hacerse contratos más justos para que la CFE mejore sus finanzas y pueda seguir manteniendo las tarifas sin incremento a la población y empresas, sin que haya un mayor deterioro financiero de la paraestatal.
“El gobierno de la República tiene el claro compromiso de no incrementar la tarifa eléctrica; para poder sostener esto, se tienen que revisar los márgenes que están manteniendo las empresas privadas que muy cómodamente tienen un contrato a una tarifa fija y se benefician de los bajos precios en el gas natural”, señaló.
Al ser cuestionado sobre la denuncia que hizo este lunes, Bartlett Díaz, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en el sentido de que diversos exfuncionarios favorecieron a las empresas privadas, entre ellos expresidentes de la República, dijo estar “de acuerdo con este balconeo”.
Recordó que actualmente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece un año como el periodo en el que un servidor público no puede trabajar en una empresa privada, cuando sea de la misma materia o ramo en el que laboró con anterioridad.
Mario Delgado coincidió con la propuesta de López Obrador en que se debe ampliar ese plazo de 6 a 10 años, para que la información a la que tiene acceso pierda su vigencia, “es un plazo razonable, porque en ese tiempo ya no te puedes aprovechar de esa información a la que se tuvo acceso de manera privilegiada en beneficio del sector privado, y no haya conflicto de interés”.
“No se le puede prohibir a un ex servidor público trabajar en una empresa privada, pero sí debemos estar seguros que la información privilegiada a la que tiene acceso no pueda ser utilizada por la empresa que lo contrata para tener ventaja”, finalizó.
