La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) publicó hoy, en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el extracto del acuerdo de inicio de investigación por denuncia DE-023-2017, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y/o comercialización de watthorímetros adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.
El órgano regulador preciso que esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quien(es), de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.
Al respecto, la COFECE explicó que en los últimos 10 años la CFE destinó más de 15 mil millones de pesos a la adquisición de watthorímetros a través de diversos procesos de compra pública. La aplicación eficiente de sus recursos económicos en la adquisición de los bienes y servicios que necesita para su operación resulta relevante, pues además de tener un papel vital para México, se encuentra en un momento clave de la reforma energética. Las compras públicas son un sector vulnerable a posibles prácticas ilícitas, como las prácticas monopólicas absolutas, en tal sentido, la competencia genera incentivos para que las empresas vendan al gobierno bienes, servicios y obras de la mejor calidad a los menores precios posibles.
El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 18 de septiembre de 2017, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales.
La Autoridad Investigadora hizo un llamado para que cualquier persona que cuente con información o pueda coadyuvar con el procedimiento se acerque a esta área.
Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el Pleno podría resolver el cierre de la investigación. En caso de que encuentre elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penal Federal hasta por 10 años.
