La deuda de Pemex con proveedores estadounidenses ya escaló a conflicto comercial. No es solo caja: es credibilidad, inversión perdida y presión extra en el T-MEC.
La deuda de Pemex con proveedores dejó de ser un problema doméstico y se convirtió en un conflicto comercial con apellido internacional. Que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) haya documentado adeudos por más de 2,500 millones de dólares con empresas estadounidenses del sector energético no es solo un reclamo contable: es la señal de que la crisis de liquidez de la petrolera ya empezó a contaminar la relación bilateral.
El dato más incómodo es que esto no ocurre en una empresa sana atravesando un bache. Pemex cerró 2025 con una deuda financiera de 84,500 millones de dólares, y además reportó 24,180 millones de dólares en deuda con proveedores y contratistas. Es decir, el problema no es marginal: es estructural. La empresa ha mejorado algunos indicadores respecto a 2024, sí, pero sigue dependiendo del respaldo del gobierno y de refinanciamientos para llegar al siguiente trimestre sin asfixiarse.
Por eso el señalamiento de Washington importa tanto. Porque Estados Unidos no lo está leyendo como una simple demora de pagos, sino como parte de un entorno más amplio donde México favorece a Pemex y CFE, limita la participación privada y altera las condiciones de competencia en energía. Desde julio de 2022, Washington mantiene consultas con México bajo el T-MEC por medidas relacionadas con el sector energético. Ahora, el atraso en pagos a empresas estadounidenses se suma como nueva pieza de una misma narrativa: el Estado mexicano protege a sus empresas públicas, pero no garantiza piso parejo ni certeza para los privados.
Aquí está el fondo del problema. Pemex no solo debe dinero; debe confianza. Y cuando una empresa pública pierde credibilidad con proveedores clave de Estados Unidos, el costo ya no se mide solo en intereses o cartas de cobranza. Se mide en menor disposición a invertir, en contratos más caros, en empresas que prefieren llevar sus equipos y su capital a Guyana, al Golfo estadounidense o a Venezuela antes que seguir financiando de facto la operación de una petrolera sobreendeudada. Reuters lo resumió bien a finales de 2025: la deuda con proveedores se había vuelto una bandera roja para potenciales socios y un freno para nuevos proyectos.
El gobierno mexicano insiste en que los pagos avanzan y que el problema está bajo control. Puede ser cierto en términos administrativos. Pero políticamente el daño ya está hecho: cuando la USTR te pone en un reporte como ejemplo de barrera al comercio, la discusión deja de ser financiera y entra al terreno geopolítico.
Pemex no solo arrastra deuda; arrastra al país. Porque cada factura impaga a un proveedor estadounidense es, también, munición para la renegociación energética del T-MEC y una razón más para que México llegue debilitado a una mesa donde ya de por sí no lleva demasiadas cartas fuertes.
