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El autoconsumo y una regulación más estricta busca frenar mercado ilegal que representa hasta 30% del combustible en México.
En 2026, el sector de los petrolíferos en México se enfrenta a un tablero regulatorio en constante evolución. Esta transformación busca, ante todo, blindar la cadena de suministro y cerrar definitivamente los espacios de maniobra al producto ilegal.
Alicia Zazueta, directora general de eServices, lo resume como un cambio de enfoque de política pública que pone el acento en la trazabilidad, el control volumétrico y el cumplimiento integral de toda la cadena de valor.
Dentro de esta agenda de ajustes, Zazueta destaca un rubro que históricamente operó en la ambigüedad normativa: la regularización de los patios de autoconsumo. Estas instalaciones, operativamente similares a una estación de servicio, poseen una distinción jurídica y comercial crítica: no están destinadas a la venta al público, sino al abastecimiento exclusivo de flotas propias.
Justo por esa naturaleza, se han convertido en un punto crítico para el Estado: si el combustible no está destinado al expendio abierto, el gobierno necesita aún más certeza de a dónde va cada litro. Ese es el corazón de la reforma: que el autoconsumo no sea un “agujero” por donde se pierda el rastro del producto. Zazueta lo plantea como una necesidad de control y de orden.
“No hay una cifra estimada de cuántos autoconsumos hay irregulares, pero se habla de 70 mil, 80 mil patios que además generan competencia desleal frente a quienes sí invierten en permisos, infraestructura y cumplimiento”, señala.
En otras palabras, si una estación formal paga el costo completo de operar en regla, pero un patio irregular abastece sin trazabilidad, el mercado se distorsiona y el incentivo a cumplir se debilita.
El autoconsumo, sin embargo, no es el único eslabón vigilado. Zazueta subraya el endurecimiento sobre transporte, con mayor fiscalización en carreteras y un esquema de identificación —incluido código QR— para verificar origen y destino del petrolífero. La lógica es simple: si el producto se mueve, debe moverse con documentación impecable, cuidando unidad, operador y carga.
“Estamos a favor de un marco regulatorio más estricto; el mercado ilícito no es solo un problema de cumplimiento, es un lastre que termina golpeando directamente el bolsillo del consumidor y el desarrollo económico del país”, sostiene Zazueta.
En esta misma línea, destaca la nueva regulación para los comercializadores de combustibles, figura que define como un ‘bróker’ que opera habitualmente sin infraestructura propia. Bajo este nuevo esquema, el cumplimiento ya no es opcional: se endurecen los requisitos mediante la exigencia de contratos vigentes, la acreditación de la política mínima de almacenamiento de petrolíferos y una radiografía detallada de su red logística y zonas de operación.
La dimensión del problema explica la urgencia de las nuevas reglas. Según Zazueta, casi una tercera parte del producto en el país (aproximadamente el 30%) evade la legalidad. Esta cifra no solo representa una pérdida fiscal, sino un riesgo operativo sistémico.
Para entender cómo se infiltra esta molécula en la cadena de suministro, Zazueta identifica tres modalidades críticas:
- Huachicol común: Robo directo o adulteración.
- Huachicol mixto: Contrabando técnico (introducción de producto sin pagar impuestos).
- Huachicol por mezclas: Alteración del combustible con alcoholes para consumo.
Esa tipología importa porque obliga a atacar el fenómeno desde frentes distintos. Seguridad física e inteligencia operativa, control aduanal y fiscal, y verificación de calidad para detectar adulteraciones. Zazueta reconoce estrategias “muy buenas” y coordinación entre autoridades con inspecciones en aduanas, puertos y patios irregulares.
En su lectura, 2026 debe consolidar esa ruta, llegar a los puntos ilegales y cortar la cadena donde más duele: en el movimiento y destino de cada litro.
Paradójicamente, ese endurecimiento abre otra conversación: la inversión. Para Zazueta, el orden regulatorio puede traducirse en un año “muy importante” para capital en el sector, siempre que se invierta con precisión.
“2026 será un año clave para la consolidación institucional. Tras un 2025 donde se autorizaron aproximadamente 416 nuevas estaciones, las proyecciones para este año sugieren la apertura de al menos 350 puntos de servicio adicionales”, prevé.
Para Alicia Zazueta, el 2026 no es solo un año de retos, sino la ventana de oportunidad definitiva para la consolidación del sector energético en México. Entre la necesidad imperante de robustecer la infraestructura de almacenamiento y el combate frontal a la ilegalidad que drena el 30% del mercado, la clave reside en la apertura institucional.
Con una administración pública más receptiva y una hoja de ruta clara hacia la digitalización, el sector tiene hoy la oportunidad de transformar la vigilancia en certeza operativa, garantizando que cada litro que se mueva en el país cumpla con los estándares de calidad, legalidad y transparencia que México exige.
Con hasta 80,000 patios irregulares en el país, la prioridad para 2026 es fiscalizar estos puntos para eliminar la competencia desleal y el mercado negro.
