Diputados morenistas alzaron la voz contra el huachicol fiscal y la facturación falsa; además, hicieron un llamado urgente para reformar el Código Fiscal
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, advirtió que la evasión fiscal y la facturación falsa, especialmente en su modalidad conocida como huachicol fiscal, representan una amenaza grave para la estabilidad financiera del país, por lo que urgió a reformar el Código Fiscal de la Federación y fortalecer el marco legal en materia aduanera.
“El daño provocado por las operaciones simuladas y el contrabando técnico es inmenso. La verdadera gran reforma fiscal es la que enfrente con decisión la evasión, estimada en más de un billón de pesos anuales”, subrayó Ramírez Cuéllar.
Durante la mesa de trabajo “Facturación falsa y evasión fiscal” realizada en la Cámara de Diputados, el legislador explicó que este fenómeno involucra redes complejas de políticos, funcionarios corruptos y grupos criminales con presencia nacional. Estas redes no sólo dejan de pagar impuestos, sino que exigen devoluciones millonarias por operaciones simuladas, afectando doblemente al erario público.
En este contexto, Ramírez Cuéllar destacó que una vertiente particularmente dañina es el huachicol fiscal, una forma de evasión a través del comercio exterior manipulado, donde se simula la importación o exportación de mercancías (no solo combustibles) aprovechando la debilidad estructural del sistema aduanero.
“El huachicol fiscal se ha convertido en un negocio ilícito altamente rentable, que drena los ingresos públicos y debilita al Estado. Requiere la fuerza institucional del Estado mexicano para ser enfrentado”, enfatizó.
Acciones para combatir el huachicol fiscal
En víspera del análisis del Paquete Económico 2026, el diputado morenista adelantó que se revisará a fondo el Artículo 69 del Código Fiscal, así como disposiciones relacionadas con obra pública, contrataciones, la Ley de Adquisiciones y el funcionamiento de las aduanas. También propuso incluir, en los informes trimestrales del Ejecutivo, un apartado específico sobre las afectaciones al fisco derivadas de la evasión.
Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hizo un llamado a fortalecer la justicia fiscal y garantizar los recursos que el Estado necesita para cumplir sus funciones sociales. Anunció la creación de un grupo de trabajo legislativo para abordar de forma integral la evasión, especialmente las nuevas modalidades como el huachicol fiscal.
“Necesitamos soluciones con sustento técnico y consenso político. Desde la Comisión estaremos atentos a todas las propuestas derivadas de este diálogo”, indicó Altamirano.
En la misma línea, la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala, destacó que la evasión fiscal representa un obstáculo directo para la distribución eficiente del Presupuesto de Egresos. Propuso una estrategia integral que combine sanciones penales, reformas legales y una transformación cultural, involucrando a la academia, las cámaras empresariales, contadores públicos y a toda la sociedad.
“Debemos cerrar el círculo de la evasión, no sólo con castigo, sino fomentando una cultura de cumplimiento fiscal sano y responsable”, señaló.
En el encuentro, también estuvieron presentes expertos en fiscalización y derecho tributario, los cuales coincidieron en que el combate a la evasión requiere una respuesta firme y coordinada.
En la intervención de José Luis Consuelo Cerritos, especialista en auditoría fiscal, alertó que las estrategias de evasión se han vuelto más sofisticadas y agresivas, utilizando empresas fachada y operaciones simuladas para reclamar devoluciones indebidas que generan pérdidas fiscales millonarias.
Mientras que Enrique Arturo Vázquez Hernández, académico de la UNAM, precisó que actualmente las facturas ya no son “falsas” en términos formales, pero sí lo son en cuanto a su contenido económico, pues reflejan operaciones inexistentes. Estimó que hay más de 13 mil empresas simuladoras activas, lo cual revela la magnitud del problema.
Ambos especialistas coincidieron en que uno de los mayores retos es la falta de judicialización de estos delitos y la colusión de algunas autoridades, lo que permite que estas prácticas se mantengan impunes y sigan evolucionando.
