Claudia Sheinbaum aclaró que no hay confirmación oficial de que Iberdrola venderá sus 15 plantas renovables en México, aunque no descarta nuevas negociaciones.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que aún no hay confirmación oficial sobre la supuesta intención de Iberdrola de vender sus 15 plantas de energía renovable en el país, valoradas en aproximadamente 4,000 millones de euros. La mandataria respondió a los reportes de medios españoles que aseguran que la compañía ha contratado a Barclays para gestionar la operación de salida.
Durante su conferencia matutina del 24 de julio, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Energía le informó que Iberdrola mantenía planes de inversión en México y que se debe esperar información oficial para emitir una postura definitiva:
“Vamos a saber exactamente a qué se refiere antes de dar mi opinión”, comentó.
Asimismo, fue cuestionada sobre la posibilidad de que el gobierno federal adquiera nuevamente activos de Iberdrola, como ocurrió en 2024 cuando Banobras compró 13 plantas eléctricas. Sheinbaum descartó que exista en este momento una propuesta similar, pero no cerró la puerta a una futura negociación bajo el mismo esquema:
“No lo tenemos contemplado, pero tampoco niego que pudiera plantearse”.
La presidenta también se refirió críticamente a los esquemas de sociedades de autoabastecimiento, calificándolos de ilegales incluso después de las reformas energéticas. Señaló que, aunque el autoabasto propio es válido, lo que no es aceptable es que empresas privadas usen la red eléctrica nacional de la CFE para vender energía a otras compañías pagando tarifas mínimas:
“Cuando se habla de Estado de Derecho, quiere decir que todo mundo se ponga en regla”.
El trasfondo de esta discusión gira en torno a los supuestos motivos de Iberdrola para considerar su salida del país, los cuales estarían relacionados con la inseguridad jurídica y fiscal. Sheinbaum refutó esa narrativa al indicar que el gobierno busca garantizar certeza jurídica, pero con un marco regulatorio claro y justo, en el que las empresas respeten las reglas del mercado nacional.
La eventual salida de Iberdrola marcaría un nuevo capítulo en la transformación del sector eléctrico mexicano, donde el Estado busca recuperar protagonismo sin frenar del todo la inversión privada, aunque bajo nuevas condiciones de cumplimiento regulatorio.
