Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron al gobierno del presidente Donald Trump debido a los nuevos aranceles, argumentando que esta imposición es un pretexto para sustituir a los aranceles anulados en febrero.
Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron al gobierno del presidente Donald Trump debido a los aranceles más recientes. Según lo informado, esta nueva imposición es un pretexto para sustituir los aranceles que la Corte Suprema anuló en febrero.
“Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Los estados que anunciaron la demanda fueron Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Esta demanda se da después de que durante el mes de julio Washington impuso aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, argumentando que no habían hecho lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzoso. Estas nuevas imposiciones se dieron cuando se acercaba el vencimiento de los aranceles temporales a los que Trump había recurrido tras el revés en el máximo tribunal.
Los aranceles pertenecientes a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, le permiten a Trump imponer aranceles a países que se determine que incurren en prácticas comerciales desleales, por lo cual fueron usados por el presidente estadounidense para imponer fuertes aranceles a China en su primer mandato.
“El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica el comercio de Estados Unidos, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora”.
La demanda se suma a otras dos presentadas en julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas que también impugnaron los aranceles de la Sección 301.Ambas demandas tienen en común que sostienen que el gobierno no demostró adecuadamente su postura contra cada economía específica ni explicó cómo los aranceles eliminarán la práctica específica por la que se están imponiendo, según lo establecido en la Sección 301.
