Rocío Robles, presidenta ejecutiva de AMEXGAS, expone a Industry & Energy Magazine el complejo proceso de negociación entre distribuidores y el gobierno federal para garantizar un precio del gas LP que sea viable para la industria y justo para el consumidor.
En medio de una creciente presión económica y operativa, la industria del gas LP en México vive uno de sus momentos más delicados. El congelamiento del precio máximo al consumidor desde octubre ha colocado a distribuidores y empresas del sector en una situación de pérdida permanente. Mientras los costos se disparan, el margen para operar con rentabilidad prácticamente ha desaparecido.
Así lo explica Rocío Robles, presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (AMEXGAS), en entrevista con Industry and Energy Magazine, donde detalla el estatus actual de las negociaciones con la Secretaría de Energía (SENER) y los posibles escenarios para el futuro inmediato.
Desde mayo, AMEXGAS y la SENER han sostenido reuniones técnicas y mesas de análisis para revisar los modelos de costos reales del sector, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita reestablecer condiciones operativas justas. La preocupación es compartida por miles de empresas distribuidoras que, desde el último trimestre del año pasado, han tenido que inyectar capital, reducir personal y disminuir rutas de reparto para sobrevivir.
De los modelos teóricos a las facturas reales
El diálogo entre el gobierno y el sector se reanudó en mayo con un enfoque técnico: construir un modelo estandarizado de costos operativos a partir de una “planta tipo”. Este modelo permitió identificar los conceptos principales de gasto en la cadena de distribución. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no era suficiente: el propio gobierno federal, a través de declaraciones públicas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, solicitó los costos reales documentados.
La respuesta fue rápida. AMEXGAS entregó un compendio de facturas y estados financieros de al menos 10 plantas distribuidoras ubicadas en distintas regiones del país. Esta información fue recopilada y organizada en tiempo récord para demostrar la convergencia de costos en distintas zonas del país.
“Ahora estamos en la etapa de compulsa”, explica Robles. “Vamos a comparar los datos que la Secretaría de Energía tiene en su modelo contra los reales que aportamos nosotros, para identificar las diferencias y ajustar los parámetros de cálculo”.
El precio tope: una medida que desató la crisis
El problema de fondo inició el año pasado cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la anuencia del Ejecutivo, estableció un precio máximo semanal para el gas LP, suprimiendo el modelo anterior que contemplaba variables internacionales y márgenes razonables para los distribuidores.
Este tope se impuso en octubre, justo al inicio de la temporada invernal, cuando la demanda del gas LP aumenta y, con ella, los precios internacionales. Al no permitir que el precio al consumidor reflejara esa alza, la rentabilidad del sector se desplomó. Desde entonces, muchas empresas operan en números rojos.
“El precio tope es de $2.50 por litro, pero los costos reales de operación están en $4.25. La diferencia ha tenido que cubrirse con recursos propios. Algunas empresas ya vendieron activos, otras despidieron personal, y otras simplemente dejaron de distribuir en ciertas zonas”, indica Robles.
Los efectos ya son visibles: vehículos de reparto con más de nueve años de uso —cuando el estándar recomendado es de seis—, rutas que ya no cubren zonas periféricas, y consumidores que deben esperar días para poder abastecerse de gas.
El impacto social: menor cobertura, mayor riesgo
La situación no solo afecta a las empresas distribuidoras. También tiene implicaciones sociales directas: menos empleos, menor cobertura, deterioro de la infraestructura y, lo más preocupante, riesgos de seguridad asociados al uso de equipos obsoletos.
“Más de mil empleos se han perdido desde octubre, y eso se puede verificar con datos del IMSS. En ciudades como Tijuana, ya solo se entrega gas dos veces por semana. En otras, simplemente ya no llega”, advierte Robles.
Esto representa un riesgo sanitario y de seguridad para millones de hogares que dependen del gas LP para cocinar, calentar agua y calefaccionarse. “El parque vehicular está envejeciendo. Si no hay recursos para renovar los equipos, eventualmente se afectará la capacidad de respuesta, y con ello aumentan los riesgos de accidentes”, añade.
El papel de Pemex y el costo del gas importado
Otro elemento que complica la situación es el papel de Pemex como principal proveedor del gas LP en el país. México importa cerca del 90% de su consumo, y la empresa productiva del Estado no ha reducido sus precios de venta, aun cuando el mercado internacional ha mostrado una baja.
“Mientras el precio al consumidor está congelado, Pemex sigue vendiendo caro. Esto impide que el sector distribuya sin pérdidas. Lo que pedimos es que, así como nosotros hemos entregado información y propuestas, también Pemex ajuste su estructura de precios para no agravar más la situación”, señala la presidenta de AMEXGAS.
En semanas recientes, el precio internacional del gas LP ha comenzado a disminuir. Esto ha permitido una leve mejoría en el margen de operación, con reducciones semanales del precio tope de entre 10 y 15 centavos. Pero aún están lejos de los niveles necesarios para lograr la estabilidad del sector.
Negociaciones en curso: avances y pendientes
Pese a la gravedad de la situación, Robles destaca que el diálogo con el gobierno ha mejorado. Se han logrado avances importantes en el reconocimiento mutuo de la problemática y en la voluntad de llegar a un punto de equilibrio.
“El avance más importante es que ya hay coincidencia con la Secretaría de Energía en que necesitamos un mecanismo que garantice sueldos, cobertura, y reposición de equipos, sin afectar al consumidor. Nos falta afinar parámetros, pero ya no estamos hablando idiomas distintos”, explica.
Las reuniones continúan de forma semanal, aunque AMEXGAS ha solicitado que sean más frecuentes para acelerar el proceso. “Estamos en tiempo fuera, como dirían en el fútbol. Nos urge avanzar más rápido”, enfatiza Robles.
¿Qué pasa si no se alcanza el acuerdo?
El escenario de un paro técnico o de desabasto generalizado está sobre la mesa, aunque AMEXGAS ha reiterado que su único plan es alcanzar un acuerdo. Sin embargo, de no lograrse un nuevo esquema de precios que contemple los costos reales, muchas empresas podrían salir del mercado.
Esto, advierte Robles, conllevaría una concentración de la distribución en pocas manos, lo que va en contra de los principios de libre competencia y pondría en riesgo la cobertura nacional.
“Ya hay grupos que están vendiendo plantas. El mercado se está concentrando, y eso no es lo que queremos. El gas LP debe ser un servicio accesible, competitivo y seguro, no un privilegio para quienes puedan pagarlo más caro o vivan en zonas céntricas”, puntualiza.
Un mensaje para el consumidor
En un contexto de incertidumbre, Rocío Robles subraya que el consumidor también debe estar informado y entender que la búsqueda de un precio justo no es una exigencia irracional del sector, sino una necesidad para garantizar un servicio continuo, seguro y de calidad.
“El gas LP es un energético esencial. Cuidarlo, distribuirlo correctamente y mantener una infraestructura segura tiene un costo. No pedimos subsidios ni privilegios. Solo pedimos que se reconozcan nuestros costos reales para poder seguir sirviendo a la ciudadanía”, concluye.
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