El nuevo Derecho Petrolero alivia la carga fiscal de Pemex, pero sin incentivos ni controles, no garantiza eficiencia ni reduce su dependencia del presupuesto público.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el nuevo esquema fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), denominado Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB), aunque reduce la carga fiscal de la empresa, no garantiza una mejora en su operación ni en su rentabilidad sin controles adecuados.
Este nuevo régimen sustituye los anteriores derechos por la utilidad compartida, de exploración y de extracción, eliminando la posibilidad de deducciones de costos en actividades clave como la exploración y producción. El IMCO alertó que esta estructura podría desincentivar la inversión en nuevos proyectos y provocar una menor incorporación de reservas, afectando la sostenibilidad de la producción petrolera.
La reducción progresiva del DUC desde 2019 implicó que Pemex dejó de pagar aproximadamente 724 mil millones de pesos al Estado entre 2020 y 2024. No obstante, en 2023 Pemex registró su segunda mayor pérdida en al menos 14 años, de 620 mil millones de pesos, lo que evidencia que menores impuestos no se han traducido en una mejora financiera.
De haber estado vigente el DPB en 2024, Pemex habría pagado 225.4 mil millones de pesos, 10.6% menos que bajo el esquema fiscal anterior. Sin embargo, el IMCO señaló que la reducción de la carga fiscal sin mejorar la gestión interna de Pemex podría traducirse en recursos públicos mal utilizados.
El Instituto concluyó que más allá de ajustes fiscales, es urgente una reestructuración operativa y financiera en Pemex que reduzca su dependencia del presupuesto federal y libere recursos que podrían destinarse a áreas clave como salud, educación o infraestructura.
