Tras la extinción de la CRE, 775 juicios y $24 mil millones en controversias legales quedan congelados. La CNE asumirá los casos en 90 días.
La extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), efectuada el 19 de marzo como parte del paquete de reformas energéticas del gobierno de Claudia Sheinbaum, dejó en el limbo jurídico 775 juicios activos que involucran más de 24 mil millones de pesos en multas, sanciones y controversias con empresas del sector energético.
Entre los casos más relevantes se encuentra el amparo interpuesto por Iberdrola contra una multa de 9,145 millones de pesos, cuya ejecución está actualmente suspendida. También destacan los recursos legales promovidos por Stellantis, por la exclusión de sus plantas del esquema de autoabastecimiento eléctrico, y el del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que impugna la clasificación del gas natural como energía limpia.
Además, múltiples empresas del sector de gas LP han presentado amparos contra el tope de precios en bodegas y estaciones de servicio, con un impacto estimado de casi 6 mil millones de pesos anuales. Otros juicios pendientes involucran permisos de almacenamiento de hidrocarburos y proyectos de energías renovables, como parques solares y eólicos que fueron rechazados o modificados por la CRE antes de su desaparición.
Un caso destacado adicional es la impugnación presentada por Esentia Energy contra una resolución que afecta la operación de la red privada de gas natural más extensa del país.
Los procedimientos judiciales están congelados por un periodo de 90 días, mientras los expedientes son transferidos a la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), la cual deberá ser encabezada por un director designado por la presidenta antes del 19 de abril. Esta designación no requerirá la ratificación del Senado.
Actuarios judiciales que han intentado notificar a la extinta CRE no han recibido respuesta, evidenciando un vacío administrativo que afecta la certidumbre jurídica del sector energético en México.
