El Senado aprobó una reforma energética que otorga prioridad a Pemex y CFE sobre privadas en la generación y despacho de energía, generando preocupación sobre el T-MEC.
El Senado de México aprobó una reforma energética promovida por el oficialismo, que prioriza a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y despacho de energía, por encima de las empresas privadas.
Con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la reforma establece que Pemex y CFE dejarán de ser consideradas “empresas productivas del Estado” y pasarán a ser “empresas públicas,” lo que les permitirá operar en condiciones diferentes a las de las empresas privadas, evitando competir en el mismo nivel.
Esta reforma, impulsada inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, revierte en parte la reforma energética de 2013, promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la inversión privada. Según la senadora Laura Castillo, de Morena, la reforma busca recuperar la soberanía energética y revertir los cambios que, en su opinión, debilitaban a Pemex y CFE.
Una de las implicaciones más significativas es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará el 54% de la electricidad del país, y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) estará obligado a despachar primero la energía producida por la CFE, aunque sea más costosa y contaminante que la de empresas privadas.
La reforma ha generado preocupación respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rechaza cualquier trato preferencial a empresas nacionales. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se respetarán los contratos actuales y se abrirán mesas de trabajo para integrar a los inversionistas privados.
La oposición ha criticado la reforma, señalando que es “regresiva, contaminante y obsoleta” por no impulsar la transición hacia energías más limpias.
