Miembros del PT en el Senado proponen subsidiar el 50% del costo eléctrico para grupos vulnerables y enmendar la Constitución para garantizar el derecho a la electricidad.
Miembros del Grupo Parlamentario del PT en el Senado propusieron una medida para que la Comisión Federal de Electricidad otorgue un subsidio del 50% en el costo del servicio eléctrico a personas con discapacidad, ancianos, individuos en extrema pobreza y madres solteras.
Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, junto al senador Joel Padilla Peña, propusieron una enmienda al artículo 4 de la Constitución Mexicana para garantizar el derecho a una energía eléctrica segura, continua y accesible.
Subrayaron que, a pesar de los esfuerzos estatales, más de un millón de personas en 2021 carecían de acceso a la electricidad, siendo los estados más afectados Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero.
Destacaron que en algunas zonas del país, las comunidades han esperado décadas para tener electricidad debido a la falta de infraestructura o a la pobreza.
Enfatizaron que la pobreza extrema impide satisfacer necesidades básicas como la refrigeración de alimentos, el acceso a medios de comunicación, el suministro de agua en el hogar o la posibilidad de estudiar por las tardes.
También mencionaron que las madres solteras enfrentan dificultades para pagar este servicio debido a la disparidad salarial con los hombres: ellas ganan en promedio 6,360 pesos mensuales, mientras que a ellos se les paga 9,762 pesos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Resaltaron que los más de 20 millones de personas con discapacidad y los 18 millones de adultos mayores en México, según el censo del INEGI de 2022, sufren por la falta de acceso o por el alto costo de la electricidad, muchos de los cuales necesitan energía constante para operar dispositivos médicos esenciales.
Los legisladores del PT lamentaron que este grupo use la electricidad por necesidad y no por lujo, lo que agrava su situación al tener que destinar una gran parte de sus ingresos a medicamentos, haciendo que las facturas de electricidad sean casi impagables.
Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso y Padilla Peña argumentaron en su propuesta, ahora en revisión por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, que el acceso a la energía eléctrica debe ser reconocido como un derecho humano esencial.
