AMLO intentará de nuevo la desaparición de organismos autónomos, como la CRE, antes de que acabe su sexenio.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de enviar una iniciativa de ley para desaparecer organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), antes de que concluya su sexenio.
López Obrador justificó esta medida argumentando que estos organismos autónomos son onerosos y que “no sirven para nada”. Según el mandatario, la existencia de estos entes se percibe como un gasto superfluo en un momento en que el gobierno busca optimizar el uso de los recursos públicos.
El presidente expresó la necesidad de realizar ajustes en la administración pública antes de considerar una reforma fiscal, destacando que su objetivo es desmontar el “aparato paralelo al gobierno” que, según él, se estableció para tener control sobre las decisiones del poder público.
En este contexto, López Obrador enfatizó su visión de un gobierno austero y eficiente, señalando que la eliminación de estos organismos supuestamente autónomos es parte de una reforma administrativa más amplia. Argumentó que la existencia de estos entes no sirve al pueblo, sino a una minoría y a intereses particulares.
La declaración del presidente ha generado debate y opiniones divergentes. Algunos críticos sostienen que los organismos autónomos desempeñan un papel esencial en la supervisión y regulación independiente, protegiendo los derechos ciudadanos y promoviendo la competencia en sectores clave. Por otro lado, los partidarios de la medida argumentan que la eliminación de estos organismos redundará en ahorros y una administración pública más eficiente.
La iniciativa de ley, que se espera sea enviada antes de que termine el año, podría desencadenar un proceso legislativo y un debate significativo sobre el equilibrio entre la autonomía de estos organismos y la eficiencia gubernamental, marcando una fase crucial en la evolución del sistema institucional en México.
