Contrario a lo que ha sido sostenido por funcionarios del Gobierno Federal, el sector de energía sí está protegido por el T-MEC y otros tratados.
Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta, experto legal en sector energético consideró que los cambios experimentados en días recientes en la Secretaría de Economía podrían ser el anuncio de una radicalización en la posición que está adoptando nuestro país en el proceso de consultas al amparo del T-MEC, derivado de las políticas aplicadas por esta administración en el sector energético.
“Lo cierto es que Estados Unidos y Canadá mantienen intacto su derecho a detonar la instalación de un panel internacional en cualquier momento, sin que sea previsible bajo ningún escenario aparente que vayan a renunciar a ello. Esto, lejos de fortalecer la posición negociadora de nuestro país, la hace más vulnerable y la debilita”, señaló.
El especialista señaló que, claramente, ante la inminente instalación del panel, México lleva las de perder.
Eliminación del capítulo octavo: no era tan simple
Juan Carlos Machorro señaló que el equipo de transición de la administración actual, en su momento, negoció eliminar el texto original del Capítulo Octavo del tratado que sentaba las bases de una colaboración de vanguardia entre los tres países en el sector energético privando a México de los beneficios de dicha cooperación que los gobiernos canadiense y estadounidense sí suscribieron, por cierto, en un instrumento paralelo.
“Lo que se negoció por parte del equipo de transición comandado por el Dr. Seade fue traer al texto del capítulo octavo una verdad de Perogrullo, al señalarse en el mismo que México se reservaba el derecho a reformar su Constitución y legislación interna y mantenía el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, algo que se incluyera o no, resultaba claramente aplicable para los tres países”, añadió.
“A pesar de esa eliminación, se mantienen intactas todas las obligaciones del Estado mexicano en materia energética precisamente con el alcance de la reforma energética aprobada en 2013-2014 durante la administración del Presidente Peña Nieto”, dijo.
Adicionalmente explicó: “Como en cualquier tratado comercial, desde luego los países parte mantienen incólume su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. Solo que, si como consecuencia de dicha reforma se violentan compromisos asumidos en el tratado, se presentan consecuencias (sanciones) que pueden aplicarse por los otros Estados parte mediante el retiro de beneficios previstos en el tratado, es decir mediante la aplicación de aranceles. La expectativa de nuestros socios comerciales es sencilla; piso parejo frente a las Empresas Productivas del Estado mexicanas. Ni más, ni menos”, subrayó.
Avanza el reloj
Para el experto, es cuestión de tiempo para que la inminente instalación de un panel confirme lo anterior.
“Cambiar de interlocutores en la Secretaría de Economía no resulta, a simple vista, lo más sensato a estas alturas del proceso. Si a esto agregamos que es cuando menos posible que los nuevos interlocutores no cuenten con la experiencia de sus antecesores y que, por otra parte, vengan con la encomienda de radicalizar su posición, el panorama es por demás sombrío. México no puede detener y menos retroceder el reloj de la historia. El país es muy distinto al México de 1938 y de 1960. El futuro de las economías pasa por las energías limpias y la inversión privada. Nuestro país no puede excluirse de dicha realidad”, concluyó.
