Se hizo caso omiso a reiterados avisos contra políticas discriminatorias y violatorias de TMEC.
Juan Carlos Machorro socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta, informó que los Estados Unidos solicitan consultas con México al amparo del T-MEC acerca de lo que considera medidas discriminatorias por parte del Gobierno Mexicano en el sector energético mexicano.
“La paciencia del gobierno norteamericano llegó a su límite. Los Estados Unidos han insistido en sus preocupaciones acerca de estas medidas en distintas ocasiones, incluyendo durante las reuniones de las Comisiones de Libre Comercio del propio tratado durante 2021 y 2022, durante la Reunión de Representantes de la Comisión de Libre Comercio en 2022 y durante las reuniones del Comité del T-MEC en temas de Empresas del Estado y Monopolios Designados, tanto en temas de electricidad como en el sector de hidrocarburos.”, explicó.
“Esto es el resultado de numerosas medidas en el sector que han ignorado consistentemente el marco constitucional, legal y los compromisos comerciales del país en el sector; el tema no es nuevo y no se limita al sector eléctrico o las reformas a la ley, es mucho más amplio e incluye, además de las reformas en materia de despacho eléctrico, la inacción, retraso, rechazo y cancelación de la capacidad operativa de las empresas en el sector, la excepción otorgada a Pemex TRI para el cumplimiento con el contenido de azufre en diesel, y el tema de impedir el acceso en igualdad de condiciones a la capacidad del SISTRANGAS”.
El experto señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno Mexicano han logrado lo que pocos, poner de acuerdo a congresistas republicanos y demócratas, que al unísono han expresado su inconformidad acerca del trato que vienen recibiendo las inversiones e intereses norteamericanos en el sector.
“Así, la Representación Comercial, que hace tiempo viene comentando que consideraría utilizar todos los recursos a su alcance para defender las inversiones norteamericanas, confirmó que las medidas adoptadas por el Gobierno Mexicano son violatorias del T-MEC y afectan los intereses legítimamente adquiridos por empresas norteamericanas con la finalidad de favorecer indebidamente a las Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE”, dijo.
Juan Carlos Machorro añadió que el Gobierno de los Estados Unidos considera que las medidas adoptadas por el Gobierno Mexicano impactan desfavorablemente intereses económicos de múltiples sectores y desincentivan la inversión tanto de generadores de energías limpias como de empresas que buscan adquirir dichas energías en la región, y son violatorias de diversos compromisos al amparo del propio tratado.
“Se argumenta por parte del gobierno norteamericano que existen violaciones a diversos artículos del tratado, en temas de violación del principio de Trato Nacional, la imposición de restricciones a actividades de importación y exportación, ejercicio parcial de facultades de regulación en favor de empresas del estado, la administración regulatoria en términos no uniformes, imparciales y razonables”, comentó.
Asimismo, mencionó que el Gobierno de los Estados Unidos pretende trabajar en forma constructiva con el Gobierno Mexicano en el curso de estas consultas, con miras a revertir lo que considera un trato injusto a las inversiones norteamericanas en el sector energético y avanzar en la competitividad de la región.
El experto comentó que el Gobierno Mexicano ha venido sosteniendo en forma equivocada que las múltiples medidas en el sector no son violatorias del tratado, basados en el texto incluido en el Capítulo Octavo, que en su opinión le otorga una falsa salvaguarda para restringir la participación privada en el sector.
La representación comercial del gobierno norteamericano ha sostenido que para el espíritu del TMEC, las políticas del Gobierno Mexicano amenazan con expulsar del mercado energético mexicano la posibilidad de contar con la capacidad de innovación a cargo del sector privado. Las cadenas presentes y futuras de valor requieren fuentes de energía limpia, confiable y asequible para alcanzar objetivos económicos y de desarrollo regional y en de cambio climático.
Explicó que, “de conformidad con el T-MEC, las partes entrarán en la fase de consultas en principio (salvo que acuerden otra cosa) dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de EUA. Si las partes no logran resolver el asunto mediante consultas, estas podrían decidir iniciar voluntariamente un método alternativo de solución de controversias, como buenos oficios, conciliación o mediación, o bien los Estados Unidos podrían solicitar la integración de un panel arbitral”.
“Una determinación desfavorable para México podría dar lugar a que el Gobierno de los Estados Unidos suspendiera beneficios al amparo del tratado en el sector de energía o en otros sectores”, dijo.
“Dependiendo del rumbo que tome este proceso, podríamos fácilmente estar en el umbral de un proceso que no concluya sino hasta finales de 2023 o el 2024, contribuyendo en forma considerable y desfavorable al ambiente de desconfianza e incertidumbre jurídica que prevalece en este y otros sectores y dejando una enorme contingencia, una más, para la siguiente administración”, concluyó.
