Coparmex asegura que el incremento en industrias y negocios podría aumentar en 150%.
La Coparmex advirtió que la aprobación de la reforma eléctrica, como fue dictaminada en comisiones, provocaría un incremento de por lo menos el 17% para las tarifas domésticas y de por lo menos 150% para las empresas; además se generaría un boquete en las finanzas públicas.
Además, la reforma dañará las finanzas públicas, atenta contra la sustentabilidad ambiental y contraviene acuerdos internacionales, expuso la Coparmex en una carta enviada a las y los diputados federales a la víspera de la discusión sobre el tema el próximo domingo.
“Un elemento particularmente pernicioso y que atenta contra la sustentabilidad ambiental es que se interrumpiría la transición energética y pondría en riesgo de cumplimiento los tratados internacionales firmados por México, incluido el Acuerdo de París y el T-MEC”.
“Este año, asistimos el parlamento abierto para expresar nuestro punto de vista y propuestas en torno a este tema trascendental para el presente y futuro de la economía, así como el cuidado de la salud y el medio ambiente en nuestro país”.
Por ello, la organización empresarial, solicitó a los diputados no aprobar la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el ejecutivo, la cual se discutirá y votará el próximo domingo.
“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hacemos un llamado a nuestros diputados federales para que no aprueben la Reforma Constitucional en materia Eléctrica tal como fue presentada y que en la discusión prevista para este 17 de abril escuchen las voces de los ciudadanos, tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y voten por lo que México necesita, privilegiando las razones técnicas y económicas, así como el bienestar de todos los mexicanos”.
La Coparmex solicitó a los integrantes de la actual legislatura no aprobar la reforma tal como fue presentada, ya que “destruye el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y afecta a toda la cadena de valor del sector energético al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas”.
“Además, no debe ser aprobada tal cual fue presentada porque permitiría que solo CFE pueda comprar y vender energía al precio que ella decida. Es decir, en la práctica, la reforma crea un monopolio, desplaza al sector privado en beneficio único de la CFE debido a que los privados que hoy compiten para generar energía sólo podrían venderla al precio y cantidad que ésta decida comprar, lo cual terminaría con la competencia en nuestro país”.
“Otro de los puntos que enlistamos con preocupación es la cancelación de todos los permisos y contratos de generación vigentes y los pendientes de resolución por la CRE, hecho que resulta violatorio de lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para cancelación de permisos otorgados por la autoridad. De darse la reforma, cancelaría todos los contratos entre privados o entre privados y CFE”.
