El consumo energético es uno de los principales determinantes en el desarrollo económico, político e, incluso social de los estados, de ahí su gran importancia dentro de la agenda política nacional e internacional, dentro de la cual, durante los últimos años, se ha establecido como principal temática a tratar: el consumo acelerado de las energías fósiles.
La relevancia de dicho supuesto ha sido el resultado no sólo del detrimento de las principales reservas del mundo de los hidrocarburos o por la multiplicidad de factores políticos que afectan su sistema de precios, sino por los efectos adversos que su explotación ha tenido en la distorsión de temperaturas del medio ambiente.
Es por esa razón que los gobiernos han tratado de identificar e implementar nuevas políticas que permitan generar un “cambio estructural en el mix energético” para poder “asegurar el suministro a través de la adopción de energías renovables y la promoción de la eficiencia energética combinada con la eliminación gradual de las energías fósiles”, es decir, de aquello de denominamos “transición energética”.
En México, este debate se integra oficialmente en la agenda nacional con la promulgación de la Ley de Transición Energética en 2015, la cual, según se estipula en su artículo primero, tiene como objetivo: “regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos”.
Las metas derivadas de este objetivo general se establecen en el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) cuyas directrices, de acuerdo con su versión 2014-2018, se dividen en tres principales rubros: desarrollo económico y competitividad, donde se establece como estrategia principal disminuir el costos de los procesos de producción de diversas fuentes energéticas —que abarca desde fósiles hasta renovables; seguridad energética: integra a las directrices dirigidas a la disminución de las importaciones y finalmente, cambio climático, cuyos lineamientos se establecen en la reducción de gases de efecto invernadero determinada por tratados internacionales.
Bajo dichos lineamientos, el significado de la “transición energética” para México no refiere específicamente, a la disminución de las energías fósiles sino a la disminución de la demanda nacional en sectores secundarios, para que una mayor proporción de las ganancias generadas del sector de hidrocarburos sean integrados dentro de los ingresos del Estado. En este sentido, la adopción de las energías renovables más que establecerse como una medida de sustitución, se estratifica como un sistema secundario de complementariedad.
Dichos supuestos, denotan una desarticulación entre la producción y el consumo total de energías renovables, tal y como se muestra gráfica 1 pues, mientras que su producción ha tenido un incremento promedio de 2001 a 2017 de 1.04%, su consumo presenta un decremento de -0.10%. En contraste con otras fuentes de energía como el Gas Natural —considerada la nueva adicción del siglo XXI— que ha tenido un crecimiento promedio del 6.18%.
Desde esta perspectiva, el declive de la intensidad energética de México (línea gris), no ha disminuido directamente por el “desarrollo de energías renovables” sino por el declive de la producción y consumo de petróleo; sector que ha registrado una pérdida promedio del -10% y -4% respectivamente. La competitividad, por tanto, no se ha insertado dentro de una estrategia coherente para contrarrestar los riesgos derivados de la disminución de las reservas petrolíferas nacionales por lo que, en contraposición a los lineamientos de PRONASE, se advierte un posible incremento de precios energéticos nacionales.
Aunado a ello, la seguridad energética de México —entendida como el nivel de importación— se verá socavada, dado que la oferta del gas natural —que se ha convertido la segunda fuente energética del país— depende en un 95% de las importaciones de Estados Unidos; tendencia que podría incrementarse de manera alarmante ante la pérdida de -7.4% de la ya escaza producción nacional durante los últimos cuatro años.
Este mismo dilema, se desarrolla dentro del sector petrolero ya que si bien ha existido un incremento en las exportaciones, un objetivo buscado dentro de los lineamientos de PRONASE, estas no necesariamente responden a las necesidades nacionales ya que el aumento de las exportaciones tiene que ver directamente con el incremento de los precios del crudo Brent; acontecimiento que ha sido resultado del posible recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para equilibrar al mercado, sin embargo, dicho recorte en gran parte, se verá reflejado en la disminución de la disponibilidad de crudo pesado, al ser de menor precio.
Esta coyuntura beneficia al estado mexicano ya que, como se ha analizado en este foro, es este tipo de crudo el que ha registrado un incremento en la producción nacional, por lo cual, dota de mayores oportunidades para poder aumentar nuestra participación en el mercado regional norteamericano, el cual, ha sido el principal alberge para la industria del hidrocarburo anteriormente mencionado.
Finalmente, el cambio climático, analizado como una estrategia y no como un fin en sí mismo, refleja las iniciativas de proyectos de desarrollo de energías renovables. Las cuales, en primera estancia, se habían puesto en licitación para conjuntar la inversión pública y privada quizá, es por ello que en 2017 se registró una inversión de 6,600 millones de dólares, cantidad que reflejo un incremento del 810% más con respecto al 2016. No obstante, la cancelación de este sistema abierto por el actual gobierno, ha generado reticencias de inversionistas, incluso, de acuerdo con Angélica Quiñones, de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), “varios proyectos de energía fotovoltaica ya han sido detenidos ”
En este orden de ideas, podemos aseverar que el proceso de transición en México no se ha adaptado ni a las necesidades ni a los objetivos estratégicos del gobierno. Las iniciativas más que intentar disminuir el uso de hidrocarburos se dirigen a incrementar la disponibilidad de fuentes de energía, si bien esto es fundamental, también es necesario implementar estrategias complementarias para que éstas últimas sean adaptadas dentro de los hábitos de consumo de la población, por ende, se sugiere el despliegue de nuevas reglamentaciones de consumo, tanto para el uso de tecnologías proambientales como ciertos impuestos o barreras comerciales a las contaminantes pues, de esta manera, se establecería una mejor alineación de objetivos de PRONASE.
Fuentes de consulta
Cámara de Diputados. 2015. Ley de Transición Energética. México, D.F.: Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf.
Louw, Abraham. 2018. “Clean Energy Investment Trends”. https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2018/04/Clean-Energy-Investment-Trends-1Q-2018.pdf.
Secretaría de Energía. 2019. “Estadísticas Energéticas Nacionales”. Sistema de Información Energética. http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas.
